Daniel Quintero, William Dau y otros alcaldes y gobernadores en la mira de la Procuraduría por participación política

A exactamente un mes de que se celebre la primera vuelta presidencial en Colombia, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió investigaciones contra varios alcaldes y funcionarios públicos de algunas de las principales ciudades del país por presunta participación en política.

Uno de ellos es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien habrían incurrido en faltas durante las elecciones legislativas del pasado 13 de mayo, al igual que el mandatario de la ciudad de Manizales, Carlos Mario Marín.

De acuerdo con el Ministerio Público, el gobernante de los medellinenses habría realizado varias actuaciones en favor de la coalición de Gustavo Petro, el Pacto Histórico. Es más, hay muestras de que en Twitter habría dejado varios mensajes alusivos que demostrarían que él votó por esa alianza política.

Por otro lado, la entidad dirigida por Margarita Cabello también dio a conocer que indagará presuntas irregularidades que habrían desarrollado otros mandatarios tanto locales como departamentales. Por ejemplo, hay nombres como el del alcalde de Cartagena, William Dau; y el de Ibagué, Andrés Hurtado.

Así mismo, se harán investigaciones al gobernador del departamento de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, así como a los burgomaestres de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno en Cundinamarca; de igual manera el alcalde de Mogotes en Santander, en el mismo departamento donde el Ministerio Público indagará a varios concejales del municipio de Chucurí.

Los cabildantes de Bogotá y Quindío tampoco se salvaron. Según dijo la Procuraduría también hay varias denuncias que evidencian sus supuestas prácticas ilegales en el año electoral.

Cabe anotar que, tal y como se evidencia en la directiva 016 de 2021 del Ministerio Público, los funcionarios públicos no pueden sacar provecho de sus cargos para beneficiar a algún candidato de elección popular; quien lo haga se estaría enfrentando a una falta gravísima. “Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”, se lee en los parámetros del órgano de control.

Además, precisa la entidad, hay varios jurados de votación que, al igual que los mandatarios, también están en la mira de la institución, quienes habrían cometido algunos de los siguientes delitos: “Los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159)”, informó el Ministerio Público.

Entre tanto, la corporación dijo que existieron fallas en las inscripciones de los votantes, que se suman a varias quejas de anónimos que son material suficiente para abrir indagaciones contra los implicados.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tampoco se salvó del ojo de la Procuraduría, pues se conoció que también se buscará determinar si esta contaba con “herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones”.

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