Consejo Gremial pidió al Congreso de Colombia no ratificar el acuerdo de Escazú

En la tarde este jueves 28 de abril, el Consejo Gremial Nacional publicó un comunicado en el cual le solicitó al Congreso de la República que no ratifique la implementación del acuerdo de Escazú en Colombia. Estre tratado, firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, establece los protocolos para la protección del medio ambiente y sus defensores en temas como acceso a la Información, participación pública y acceso a la Justicia.

El documento fue divulgado luego de que, el pasado martes, el Congreso aprobara este tratado en primer debate con seis votos a favor, uno en contra y una constancia para no votar. Ana Paola Agudelo (Partido MIRA), Jaime Durán Barrera (Partido Liberal) Berner León Zambrano (Partido de la U), Iván Cepeda (Polo Democrático), Feliciano Valencia Medina (MAIS) y Antonio Sanguino (Partido Verde) dieron el visto bueno. Entretanto, el senador Luis Eduardo Díaz (Cambio Radical) se opuso; y Ernesto Macías, del Centro Democrático, se retiró de la sesión, destacando que se apartaba la discusión.

Esta votación tuvo lugar en la Comisión Segunda del Senado, y se deberán cumplir otros tres debates para que el proyecto pueda ratificarse.

El Consejo Gremial señaló que está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, así como en la “promoción, el respeto y la defensa de los Derechos Humanos incluida la de los líderes ambientales”. Sin embargo, recalcó que la ratificación del acuerdo de Escazú es “innecesario y altamente riesgoso” en cuanto a la reactivación y el crecimiento ecónomico, el incentivo de inversión, el fortacelicimeinto dle tejido empresarial y la generación de empleo, entre otros aspectos.

1. El acuerdo de Escazú propende por el respeto, defensa y protección de los derechos humanos y, en especial, de los líderes sociales y ambiantales. El foro asegura que Colombia cuenta con “una amplia y rigurosa normatividad de orden constitucional y legal”, y también ha suscrito varios tratados internacionles que cumplen con los objetivos del acuerdo en cuestión.

2. El Consejo Gremial sostiene que el país cuenta con “un amplio sistema normativo de participación ciudadana y acceso a la información”, los cuales, si bien son “suseptibles de mejora”, hacen innecesario que se firmen estos apartados que también están expuestos en el acuerdo de Escazú.

3. El acuerdo de Escazú contempla que cualquier ciudadano, sin tener interés legítimo en una actividad o proyecto de licenciamiento ambiental, y sin verse afectado de manera directa o indirecta, pueda interponer acciones adminsitrativas o judiciales. Lo anterior, según el Consejo Gremial, puede “afectarlo” y causarle “una enorme inseguridad jurídica”.

4. De acuerdo con el foro de gremios, el acuerdo de Escazú viola los principios fundamentales y de competencia “en una intromisión indebida en la esfera privada”. Este, según el documento, obliga a las entidades públicas a revelar información confidencial de las actividades y proyectos en trámite y, de igual modo, obliga a los actores privados a entregar datos reservados de sus operaciones.

5. Aunque el acuerdo de Escazú “dice propender por la garantía de la protección al medio ambiente”, afirma el Consejo Gremial, ello ya se encuentra definido en la ley y en la jurisprudencia a través de diversos mecanismos: desde procesos de licenciamiento ambiental y estudios de impacto ambiental, hasta guías ambientales.

6. La firma de dicho tratado internacional implicaría que una organización del exterior pueda afectar “una actividad o proyecto de desarrollo de cualquier sector económico”. Esto porque el acuerdo “no admite reservas y establece la supremacía de una entidad multilateral” en caso de necesitar resolver las eventuales controversias que se presenten.

7. Por último, el Consejo Gremial cuestiona los mecanismos y órganos para la resolución de controversias que se presenten en cuanto a la aplicación e interpretación del acuerdo. En estos procedimientos interviene, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, “a la que Colombia renunció con ocasión de la disputa territorial y marítima con Nicaragua”.

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