La jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, decidió que el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos sigue en pie. Según la togada, sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito.
La Fiscalía General de la Nación pidió cerrar el caso hace más de un año, pero la jueza indicó que el ente acusador no ha probado la tesis que sustenta su solicitud. Se cuestionó a la entidad por no haber llamado testigos que podrían dar más información, lo que deja abierta dudas y no desmiente la hipótesis de que, en efecto, hubo soborno en actuación penal.
“El despacho concluye que no se configuran las causales de preclusión prevista en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal consistentes en la atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia el despacho negará la preclusión solicitada por la Fiscalía”, dijo la jueza tras 13 horas de audiencia.
Hay que recordar que la Fiscalía solicitó la preclusión del caso aduciendo dos causales: atipicidad y ausencia de intervención del investigado. El primero hace referencia a que los hechos no configuran un delito, y la segunda, indicaría que si hubo delitos, estos no fueron cometidos por Uribe.
Para poder emitir un fallo sobre la petición, la jueza analizó más de 20 audiencias que se han citado en el marco del proceso. 10 de estos espacios han sido mediados por ella y hay que recordar que el último se desarrolló el pasado 18 de marzo.
En esa oportunidad Uribe habló acerca de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en su contra, y aseguró que nunca buscó testigos, sino que “simplemente” fue a “corroborar informaciones”. Monsalve está involucrado en el caso porque ha asegurado que el exmandatario formó grupos antisubversivos al margen de la ley, por lo que, presuntamente, se le sobornó para que se retractara y dijera que el senador Iván Cepeda fue el que le ofreció prebendas para que acusara a Uribe.
Así mismo, en esa audiencia Uribe dijo que el accionar de su exabogado Diego Cadena fue autónomo, pues él no lo encomendó a sobornar testigos.
“No le encomendé tareas a Diego Cadena para que delinquiera, sino para que corroborara”, dijo Uribe.
La situación judicial que vive Uribe inició en septiembre de 2020, cuando fue imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal por la Corte Suprema de Justicia. Primero el expediente de Uribe estuvo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana; sin embargo, pasó a manos del togado César Reyes debido a que la primera fue subalterna del exjefe de Estado.
Reyes decidió continuar con la investigación y tras analizar el material probatorio impuso la medida de aseguramiento en la residencia del exmandatario, en su finca El Ubérrimo. En marzo de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó que la investigación que adelantaba la Corte Suprema fuese precluida y desde entonces la jueza Ortiz se ha encargado del caso.
Ahora que la preclusión del caso no fue avalada, se indicó que la decisión podrá ser apelada, sin embargo, la Fiscalía no la objetó.
Por otra parte, se indicó que el caso deberá volver al ente acusador.
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