“Acepto la responsabilidad por no advertir la política definida por el general Mario Montoya Uribe”: general (r) Paulino Coronado Gámez

“En nombre del Ejército que yo comandé reconozco la responsabilidad imputada por la JEP como máximo responsable de la Brigada 30 de ser autor a título de comisión por omisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Acepto esta responsabilidad por no haber investigado y sancionado estas falsas operaciones”, dijo en el acto de reconocimiento el general (r) Paulino Coronado Gámez oficial de mayor grado de la institución en aceptar su responsabilidad en los mal llamados ‘falsos positivos’.

“Como lo he expresado ante los magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército; pero, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos”, expuso el general (r) en el acto realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el auditorio de la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña (Norte de Santander).

Ante las cerca de 30 víctimas que lo oían atentamente, el exoficial Coronado Gámez dijo: “Acepto la responsabilidad por no advertir la política de inflexión física definida por el general Mario Montoya Uribe, quien consideraba que solo con el exterminio físico podía llevarse a las Farc a negociar y por esa razón, había que causar el mayor número de bajas posible”.

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Durante su intervención, la magistrada Catalina Díaz tomó la palabra para pedirle a Coronado que respondiera unas preguntas para aclarar algunos hechos documentados en el auto de imputación. La magistrada Díaz le preguntó por una audiencia pública en Ocaña llevada a cabo el 6 de diciembre de 2007, en la cual campesinos denunciaron falsas bajas en combate meses antes de que estallara en la opinión pública el caso de los jóvenes de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña.

En su respuesta, Coronado manifestó que recordaba aquella audiencia pública, pero que allí no se hizo mención de algún hecho de esa índole. Ante la respuesta de Coronado, la magistrada Díaz reiteró que en el documento consta que en esa audiencia pública se denunciaron hechos referentes a violaciones de derechos humanos por parte del Ejército en la región del Catatumbo. Coronado dijo no haberla conocido.

A su vez, desde la Asociación Minga, convocante de la reunión, se pronunciaron frente a lo dicho por el general y sostuvieron que en ese espacio sí se le hicieron las denuncias sobre las ejecuciones extrajudiciales e incluso que él se comprometió a escalarlas a nivel superior.

Los últimos minutos de este segundo día de la audiencia pública fueron destinados para que los 10 militares y el tercero civil comparecientes enviaran un último mensaje a las familias de las víctimas de los 120 casos de ‘falsos positivos’ que se presentaron en Catatumbo entre 2007 y 2009.

Alexander Carretero, civil imputado, dignificó los nombres de Camilo Valencia, Farid Leonardo Porras, Elkin Verano, Juan Castro y Julián Oviedo, jóvenes desaparecidos en Soacha y presentados como bajas en combate: “Eran personas inocentes. Que este no sea el final, sino el principio y se sepa más verdad para que las víctimas puedan descansar”.

Por su parte, Juan Carlos Chaparro en su intervención final reiteró que acepta todos los cargos imputados y mencionó una lista de personas a quienes quiere “reivindicar, dignificar y resaltar su buen nombre. Reconozco que no eran ningunos delincuentes, eran gente de bien, campesinos”.

Finalmente, la magistrada Catalina Díaz reiteró su reconocimiento por el coraje, la resistencia y la resiliencia de los familiares de las víctimas, “en su inmensa mayoría mujeres trabajadoras, sumamente valientes que hicieron todo para que estos hechos se esclarecieran”.

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