La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a 16 alcaldes locales de Bogotá por posibles irregularidades en contratos de ayudas alimentarias, a principios de 2020, a la llegada de pandemia por covid-19 a la capital del país.
Luego de las denuncias hechas por el concejal de Bogotá Jorge Colmenares por los contratos celebrados a través de los Fondos de Desarrollo Local, se evidenciaron presuntamente delitos en la contratación pública.
No se justificaron las posibles modalidades de contratación, pues los contratos cuestionados se pudieron haber hecho a través de licitación pública y además se ignoraron los decretos 440 y 537 del Gobierno Nacional, expedidos previos a la Urgencia Manifiesta, que ampliaron la posibilidad de adquisición en grandes superficies hasta la menor cuantía por parte de las entidades.
Los alcaldes locales citados son los de las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Usme, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Suba, Chapinero, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.
“Celebro la decisión de la Fiscalía porque estamos hablando de un detrimento patrimonial de cerca de $10.000 millones que estamos pagando los ciudadanos y es necesario que se investigue la actuación de estos alcaldes mediante orden de la Secretaría de Gobierno, porque de ser cierto, mientras los ciudadanos nos encontrábamos en pandemia, la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno y los alcaldes locales estaban haciendo fiesta con la urgencia manifiesta”, expresó el concejal Colmenares en el 2021.
Las diligencias de interrogación ya comenzaron y en el transcurso de las próximas dos semanas irán asistiendo cada uno de los alcaldes citados.
Respecto al caso
El Distrito en cabeza de la Secretaría de Gobierno, realizó varias acciones, entre ellas, expidió la Directiva 001 de 2020 que estableció las directrices para la implementación del Banco de Hojas de Vida; creó el Manual Operativo de Bogotá Solidaria en Casa; elaboró la solicitud de ofertas a varios oferentes; la proyección del contrato de la urgencia manifiesta; estableció los lineamientos de contratación y adelantó reuniones de los alcaldes locales.
A tan solo 70 días después de haberse declarado el Estado en Emergencia, los ciudadanos recibieron la primera ayuda.
Según el concejal Colmenares, el contrato con la Cruz Roja generó unos sobrecostos para la ciudad representados en $10.600 millones, de esos $6.641 millones en sobrecostos de los mercados y kit de aseo, y más de $3.000 millones en costos de administración que cobró la Cruz Roja.
Sin justificación alguna, el Distrito desembolsó la suma de $33.000 millones como pago anticipado. A lo que Colmenares se cuestionó, “¿qué rendimientos financieros hubierse obtenido la Secretaría de Gobierno al haber tenido en sus cuentas esos $33.000 millones, cuando fue la Cruz Roja la que los manejó, los utilizó y usufructuó?”.
Además, frente a la idoneidad de la Cruz Roja para ejecutar los contratos, el concejal indicó que este organismo se encarga de la instalación de campamentos, bonos, transferencias monetarias, pero no de la entrega de mercados y kits de aseo. “El contrato en últimas fue la compra de mercados y kits de aseo, y es tan así que la Cruz Roja no era idónea, que tuvo que subcontratar la compra y entrega de los kits”, dijo el cabildante del Centro Democrático.
“La Cruz Roja seleccionó a Makro como una de las empresas para la compra de los mercados y kits de aseo, cuyo valor individual era de $98.000, pero con la aprobación de un comité del Distrito, asignado por la Secretaría de Gobierno, se pagó por cada mercado y el kit de aseo un valor de $118.000, es decir $20.000 más. Esto demuestra que además de los sobrecostos, hubo una idoneidad disfrazada”, finalizó el concejal Jorge Colmenares
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