Municipio del Atlántico al borde de la quiebra tras perder juicio contra Comcel: tendría que pagar más de $17 mil millones

Una grave situación económica enfrenta el municipio de Sabanagrande, en el Atlántico, luego de que perdieran un juicio contra le empresa de telecomunicaciones Comcel, un proceso legal que venía desde 2017 y pretendía que la empresa le pagara una indemnización al pueblo de $10.579 millones por “no declarar el impuesto de industria y comercio”.

El proceso inició en el año 2017, pero en los últimos días desde la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinaron que la empresa hoy conocida como Claro, no debe pagar la sanción que se interponía en la Resolución 004 de 2017 del exalcalde José Romero Cahuana y el exsecretario de Hacienda Arot Caballero Gómez por la no declaración del impuesto en los periodos correspondientes de 2011 a 2015. Ahora el problema para el municipio es que cuando los exfuncionarios embargaron los $10.579 millones sin esperar a que terminara el proceso legal y ahora este están en contra del municipio.

La decisión se tomó en segunda instancia y de manera unánime con ponencia del magistrado Milton Chaves García. En el tribunal se determinó que, con base en peritazgo técnicos,Comcel “no realizó actividades gravadas” con el impuesto de industria y comercio en Sabanagrande. Esto se dio porque, tal y como lo había expresado la empresa anteriormente, no tienen instalados los conmutadores o switch en Sabanalarga.

Según se defendió Comcel en su momento, ellos solo han instalado conmutadores en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira, así que por este motivo consideraron que no debían hacer una declaración del impuesto, es decir, que “no es sujeto pasivo del ICA”. Esto a pesar de que en la sanción señalaba que en la jurisdicción del municipio existen dos antenas; Comcel respondió señalando que los conmutadores son muy diferentes a las antenas y estos son los que prestan el servicio.

“En el dictamen pericial rendido por el ingeniero electrónico y de telecomunicaciones Fernando Vélez Varela se encuentra que el conmutador (switch) es lo que hace posible la interconexión entre los diferentes usuarios de telefonía. Igualmente, en la audiencia de pruebas, el perito aclaró que en Colombia en pocos lugares del territorio nacional se encuentran ubicados conmutadores, y el ubicado en Barranquilla tiene la capacidad de cobertura en el municipio demandado”, se lee en el documento presentado por el magistrado Chaves García.

En el Consejo coincidieron con la empresa, determinando que por lo que anteriormente habían explicado, a Comcel “no le asiste el deber formal de declarar” dicho gravamen en esa jurisdicción. Entonces, la decisión también implica que no se debió “sancionar la falta de declaración de este impuesto (…) como lo disponen los actos demandados”.

El proceso se volvió encontra al municipio, pues en el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá se estableció una acción de cumplimiento para que la administración de Sabanalarga incluya en su presupuesto anual, que es de $20 mil millones, el pago de $17.855 millones por el embargo ilegal impuesto a la empresa de telecomunicaciones.

Por su parte, desde la Administración municipal manifestaron su preocupación por el fallo, pues si pagan ese dinero quedarían con muy poco presupuesto para el funcionamiento de otros aspecto del municipio. “Incluir dichos pasivos en el presupuesto general del presente año implicaría introducir un desequilibrio presupuestal entre los ingresos y los gastos, pues tendríamos que suprimir gastos de funcionamiento, como los servicios personales, y aun así no se conseguiría el equilibrio presupuestal”, expresó el alcalde Gustavo De la Rosa, quien heredó los errores de su antecesor.

Cabe resaltar que el exalcalde José Romero Cahuana y el exsecretario de Hacienda Arot Caballero Gómez tampoco salieron ilesos del fallo, pues ya anteriormente, en diciembre de 2019, la Procuraduría General de la Nación los sancionó con destitución e inhabilidad de diez años por las irregularidades en este caso.

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