Más de 50 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre de este año, aseguró la Defensoría del Pueblo

La entidad determinó que hará un seguimiento constante a los casos y entregará un boletín periódico sobre estos

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La cifra de líderes asesinados
La cifra de líderes asesinados en el primer trimestre del año es preocupante. EFE/Archivo

El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, se ha constituido como uno de los factores de mayor preocupación para diferentes organizaciones sociales y algunas entidades del Estado, pues constantemente hay reportes sobre crimines relacionados con estos actores en diferentes regiones del país. Desde la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado de alerta ante el recrudecimiento de este fenómeno, e instaron al Gobierno Nacional; para que se tomen medidas correctivas y se prioricen los derechos de estas comunidades.

El reporte de la Defensoría registra 52 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en el primer trimestre de este año. Según los datos suministrados a la entidad, el mes de enero registró 13 homicidios, febrero 18 y el mes de marzo 21. Los departamentos que más sufrieron este flagelo fueron: Cauca con ocho casos, Putumayo con siete, mientras que Norte de Santander, Arauca y Nariño tuvieron un reporte de cuatro asesinatos cada uno.

Frente a esta álgida problemática, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicó que este tipo de hechos se constituye como una dinámica que afecta directamente las bases de la democracia a los defensores de la misma, Camargo aseguró: “los homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, constituyen una grave afectación a las bases de la democracia, porque son ellos quienes consagran sus vidas para defender los derechos de sus comunidades, por eso, el Estado no debe bajar la guardia para protegerlos y brindarles las herramientas necesarias que faciliten su admirable labor”.

Ante este tipo de fatídicos sucesos, la Defensoría tomará partido continuo en los casos, presentando un boletín estadístico en tiempos específicos, sobres los principales hechos de vulneración de derechos humanos en el país. Además, implementará un análisis constante sobre los casos de secuestro, que, en el primer trimestre de 2022, ya evidenciaba 45 acciones de privación de la libertad. Como dato no menor, también se priorizará la atención en el desplazamiento forzado que este mismo periodo de tiempo, registró al menos 43 casos.

Los boletines tendrán un análisis especial desde un modelo que busca implementar la Defensoría del Pueblo, frente a este, el Defensor señaló: “desde la Defensoría del Pueblo evidenciamos la necesidad de crear este Observatorio de Derechos Humanos, que nos permite hacer un seguimiento permanente a las principales conductas vulneratorias de los derechos humanos y el derecho Internacional humanitario en el país”.

El denominado Observatorio de Derechos Humanos, se priorizarán tópicos relacionados con el Derecho Internacional Humanitario y dinámicas para proteger a los defensores de los mismos. Esto irá de la mano con la aplicación de las políticas públicas y la prevalencia de la humanidad en todo el territorio nacional, según la entidad, la recopilación de datos y testimonios permitirá hacer una articulación directa con las Direcciones Nacionales, Delegadas y Regionales.

De manera puntual, el Defensor Camargo, desatacó el objetivo puntual de este sistema y los resultados que esperan obtener, afirmando: “la información del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo les permitirá a todas las entidades del Estado, tomar mejores decisiones, basadas en información contrastada en el terreno; para lograr la garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos”.

A pesar que las cifras recogidas por la Defensoría fueron al corte del mes de marzo, los asesinatos han continuado en diferentes zonas del país, pues según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta la fecha se registran 60 líderes sociales asesinados en todo el país, además de 18 firmantes de paz que han muerto por hechos violentos. A esto se suman las constantes amenazas en zonas rurales y el hostigamiento contra comunidades indígenas.

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