Contraloría denunció que hay irregularidades en la entrega de indemnizaciones para las víctimas del conflicto

La Contraloría General de la República está adelantando una auditoría que pretende analizar el proceso de implementación de los acuerdos de paz, firmados con la extinta guerrilla de las FARC, donde uno de los puntos centrales es el tema de reparación a las víctimas del conflicto armado. Este organismo ya había encontrado que la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, UARIV, había gestionado inadecuadamente 692 millones de pesos, que se giraron hacia operadores bancarios, los cuales estaban destinados a beneficiarios que ya estaban fallecidos, antes de la fecha de las transferencias.

De hecho, se encontró que los operadores bancarios tampoco estarían controlando los pagos de las personas que se registraban muertas, a pesar que ya se habían trasladado los recursos; quiere decir, tanto los fallecidos con anterioridad y posterioridad a los giros del dinero, los responsables no estaban reconociendo el destino de dichos pagos.

No obstante, la Contraloría ya había encontrado también que no se estaban realizando los procesos de identificación de los beneficiarios; ya que, los nombres cotejados con los números de cédula, registrados en los giros, no correspondían con los datos de las víctimas registradas. Precisamente, ese software, que se supone, debería generar la base de datos correcta con la información de las víctimas, ha tenido costos por más de 300 millones de pesos.

Es por esto que para el ente de control no es claro cuantas personas deben ser reparadas; por lo tanto, tampoco se entiende el costo total que tendrá este proceso, ni mucho menos en cuanto tiempo se podrán gestionar estas acciones, o, cuanto se va a demorar este proceso. Pero, se estima que tendría una duración de más de 60 años.

En entrevista con Caracol Radio, Juan Carlos Gualdron, el contralor delegado para el posconflicto, reveló la actuación especial de fiscalización que se adelanta a la Unidad para la atención y Reparación de Víctimas. Allí señaló que la auditoría ha encontrado la realización de más de 58 mil giros, la cual asegura el funcionario son una pequeña muestra, donde se han encontrado inconsistencias. En estas operaciones se encuentran personas que aparecen como fallecidas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero, ante el registro de la UARIV aparecen como “activos”; esto quiere decir que el dinero de las indemnizaciones y/o ayuda humanitaria son girados y recibidos a pesar que sus beneficiarios son registrados como muertos.

Se estima que en uno de cada cinco registros revisados por la Contraloría tiene inconsistencias o irregularidades. Lo que llama la atención es que desde el año 2011, asegura la cadena radial, el país ha invertido más de 320 mil millones de pesos en los sistemas de información.

Otro de los hallazgos que se está obteniendo en la auditoría, es que el gobierno nacional no tiene un cálculo del costo total de la reparación de las víctimas del conflicto, sumado a que no conoce con exactitud la cantidad de personas que se deben categorizar dentro de este marco. Cabe resaltar que, cada caso se debe analizar y estimar el costo de la indemnización; no es igual las víctimas por secuestro, o de familiares asesinados, desplazados, etc.

Haciendo el recuento documental, es muy llamativo que la Contraloría lleva varios años denunciando, alertando, investigando y comprobando las inconsistencias en la reparación a las víctimas; de hecho, cada año son muy similares los hallazgos del órgano fiscalizador. Por ejemplo, en 2018 reseñó que se tenían retrasos en más de un millón de pagos por conceptos de indemnizaciones y cuestiones administrativas; en 2019 se denunció que habían barreras de acceso para solicitar las indemnizaciones; en 2020 se determinaron 3 hallazgos fiscales por 2.509 millones de pesos en la UARIV, sumado a “la pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva” y a incidencias disciplinarias de los organismos auditados, las cuales han sido trasladadas algunas ante la Corte Constitucional.

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