Condena a más de seis años de prisión a exgobernador (e) de Chocó por pagos irregulares a docentes

El exfuncionario deberá pagar una multa de 845.488.283 pesos y por perjuicios una suma de 2.255.452.191 pesos

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La abogada y profesora Natalia
La abogada y profesora Natalia Ángel Cabo fue elegida magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, hecho que le confiere a este tribunal una mayoría femenina por primera vez en su historia. En la imagen un registro general de archivo del Palacio de Justicia, sede la Corte Constitucional, en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz

En las últimas horas se conoció que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado del departamento del Chocó Roger Pastor Mosquera Lozano por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.

Vale resaltar que Mosquera Lozano solo estuvo dos días como gobernador encargado del departamento del Chocó

De acuerdo con la decisión de la Corte, Mosquera Lozano deberá pagar seis años y diez meses en prisión, una multa de 845488.283 pesos y el pago de perjuicios por 2.255.452.191 pesos.

Según la sentencia, la Corte pudo establecer que, “durante su encargo como mandatario, entre el 26 y 28 de julio de 2006, Mosquera Lozano suscribió un certificado con el cual “se reconoció a favor de 42 docentes del departamento el pago de una sanción moratoria -contemplada en la Ley 244 de 1995- por no pagarles oportunamente las cesantías”.

Lo que la Corte calificó como un “acto administrativo emitido sin contar con los soportes necesarios, desconociendo la normativa aplicable al respecto, lo que llevó a reconocer acreencias en detrimento de las finanzas del departamento”.

Además, el alto tribunal encontró, entre otras irregularidades, que “el entonces mandatario encargado expidió el documento sin que se hiciera una solicitud de los beneficiarios, sin ninguna verificación sobre si tenían derecho o no a acceder a esas acreencias, y sin contar con un certificado de disponibilidad presupuestal para amparar la obligación económica”.

“Adicionalmente, fue dictado en su condición de gobernador encargado sin que dicho reconocimiento constituyera un acto urgente e impostergable que no pudiere aguardar el retorno del gobernador titular (…)”, se puede leer en la sentencia.

Así mismo, la Corte determinó que si bien Mosquera Lozano solo duró dos días como encargado de la Gobernación del Chocó, este tenía la suficiente experiencia al haberse desempeñado, antes del encargo, como Secretario de Hacienda del departamento.

Por lo que en la sentencia se puede leer que el ahora condenado exfuncionario “era consciente que era autor de una certificación manifiestamente ilegal, y que era perentorio a pesar de las múltiples falencias que pudiera presentar, expedirla antes de terminar su encargo”.

Por otro lado, Mosquera Lozano, que también era investigado por una supuesta falsedad ideológica en documento público, fue absuelto por la Corte, ya que este delito está contenido dentro de los elementos que constituyen el ilícito de prevaricato por acción por el cual fue condenado.

Finalmente, la Corte decidió “negar a Mosquera Lozano la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, así como el sustituto de la prisión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva” y ordenó librarse “orden de captura para asegurar el cumplimiento de la pena de prisión impuesta”.

A continuación puede consultar la sentencia completa.

A su vez, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que ponderó que gracias a su labor investigativa se pudo demostrar que, en julio de 2006, el entonces mandatario expidió una certificación en la que reconoció sanciones moratorias por el incumplimiento en el pago de las cesantías por retiro definitivo a 42 docentes y funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental.

Las pruebas obtenidas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia permitieron conocer que, en el ejercicio de sus funciones, el exgobernador emitió el acto administrativo de manera irregular y favoreció a servidores que no cumplían los requisitos de ley para acceder a las cesantías”, concluyó en su comunicado el ente investigador.

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