“Lo ocurrido en Catatumbo no se trató de hechos aislados o de una repetición accidental”: JEP

Frente a frente y a pocos metros de distancia, víctimas y victimarios se encontraron en Ocaña, (Norte de Santander) en el primer acto de reconocimiento realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los procesos judiciales que adelanta por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país.

Por un lado se encontraban más de 30 víctimas vestidas con camisetas negras con el mensaje: “¿Quién dió la orden?”. Del otro, 10 exmilitares y un civil que reconocieron su responsabilidad en 120 casos de ‘falsos positivos’ que ocurrieron en Catatumbo, Norte de Santander.

El primero en reconocer públicamente su participación en los ‘falsos positivos’ fue el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, cabo primero y excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15.

“Reconozco mi responsabilidad a título de coautor en los crímenes y homicidios que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos. Asesinamos personas inocentes, campesinos”, dijo Néstor Guillermo Gutiérrez.

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Durante la audiencia, la JEP estableció que lo ocurrido en Catatumbo no se trató de hechos aislados o de una repetición accidental. “Los crímenes tenían las mismas características y una misma finalidad, responder a la presión por bajas a como diera lugar y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar”, expresó el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes, en las palabras de bienvenida al acto de reconocimiento de verdad.

Las 120 desapariciones forzadas que fueron identificadas en el Catatumbo respondieron a un mismo patrón criminal que tuvo dos modalidades. El primero era que las víctimas eran señaladas de pertenecer a grupos ilegales y eran seleccionadas a partir de procesos irregulares de inteligencia.

Esto mismo lo confirmó durante la audiencia de este 26 de abril el jefe del Estado Mayor de la Brigada 15 móvil entre 2007 y 2099, Rubén Darío Castro Gómez, quien dijo que, “se realizaban pagos con dineros de fondos reservados para retribuir la información falsa que llevara al asesinato de civiles”, señaló.

Según afirmó la JEP, esta modalidad se extendió hasta el 5 de noviembre de 2009, cuando la Defensoría del Pueblo denunció “que civiles de la zona eran asesinados y pasados como bajas en combate”.

La otra modalidad, según el tribunal de justicia transicional, era que miembros del Ejército Nacional se confabulaban con terceros civiles para ubicar, engañara y reclutar jóvenes de otros municipios y ciudades del país, con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo para que militares pudieran asesinarlos y engrosar las cifras de bajas en combate.

Uno de los grupos engañados fue el compuesto por los 19 jóvenes del municipio de Soacha, que fueron llevados hasta el Catatumbo y luego asesinados por la fuerza pública. “Mucho antes de que las madres de Soacha emprendieran su búsqueda en 2008, en Catatumbo fueron asesinados hombres entre 25 y 35 años habitantes de áreas rurales en su mayoría, comerciantes, transportadores informales y agricultores”, señaló el presidente de la JEP.

Por su parte, los representantes de las víctimas confrontaron a los comparecientes y les pidieron seguir el camino de la verdad, para que se conozca toda la realidad de estos crímenes y sus mayores responsables. “Les tenemos miedo. ¿Quién no asegura que no nos van a seguir estigmatizando y matando? Lo que les pedimos es garantías para la no repetición”, señaló Álvaro Marulanda, hermano de Martín Marulanda, asesinado por miembros del Ejército Nacional en 2006, cuando era un paciente psiquiátrico.

Otra de las personas que habló en la audiencia fue Sandra Barbosa, hermana de una víctima de un ´falso positivo´. “Él fue secuestrado, robado y asesinado por miembros del Ejército. Necesitamos que Colombia limpie el nombre de las víctimas. A las palomas blancas tocas vestirlas de negro”, sostuvo Barbosa.

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