Defensoría reporta 52 líderes sociales asesinados en el primer trimestre de 2022

La Defensoría del Pueblo reveló la cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el primer trimestre del año en su presentación del Observatorio de Derechos Humanos este martes 26 de abril. La entidad aseguró que con esa información, el Estado podrá tomar mejores decisiones para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Así lo manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo: “La información del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo les permitirá a todas las entidades del Estado tomar mejores decisiones, basadas en información contrastada en el terreno, para lograr la garantía de los derechos de todos los ciudadanos”.

En enero se registraron 13 casos de homicidios de líderes sociales, en febrero la cifra ascendió a 18 y en marzo asesinaron a 21; en total fueron 52 casos reportados. Asimismo, la Defensoría informó que los departamentos en los más se registraron estos crímenes fueron: Cauca, con ocho personas, Putumayo con siete y Nariño, Arauca y Norte de Santander con cuatro víctimas cada uno.

Frente a los hechos relacionados con secuestro, en el primer trimestre se reportaron 45 afectados; mientras que, en el desplazamiento forzado hubo 43 eventos. La Defensoría aseguró que el Observatorio de Derechos Humanos le hará seguimiento permanente a estos hechos, pues su objetivo principal es “implantar un sistema de información estadística sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.

El observatorio, según Camargo, también le hace seguimiento a las políticas públicas con enfoque de derechos. Todo con el fin de que, “sirva como información objetiva de los pronunciamientos, informes y conceptos emitidos por la entidad en diferentes áreas temáticas, y que se articule como un componente dinámico de los procesos misionales, las Direcciones Nacionales, Defensorías Delegadas y Defensorías Regionales”, explicó el funcionario.

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El defensor del Pueblo señaló que, “los homicidios contra los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos constituyen una grave afectación a las bases de la democracia”. Asimismo, destacó la responsabilidad del Estado para responder a estos hechos, “no puede bajar la guardia para protegerlos y brindarles las herramientas que faciliten su admirable labor”, agregó.

Por su parte, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Alexander Jaimes, resaltó la labor del observatorio para que el Estado pueda conocer las agresiones a la población civil. Frente a las 236 alertas tempranas emitidas por la Defensoría en el gobierno de Duque, el funcionario comentó que, “en 2020 se hizo estrategias de seguimiento y acompañamiento. Desde 2018 a la fecha, hemos hecho 20.394 recomendaciones”.

Las críticas al informe de la Defensoría

Juan Carlos Monge, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, manifestó que, “las cifras no sirven de mucho (...) esconden una realidad mucho más profunda”. Para el funcionario las agresiones, amenazas y homicidios de líderes sociales tienen una tragedia detrás. “No solo el impacto que tiene para el resto de defensores de derechos humanos sobre el mensaje que manda que no hay garantías, sino que también esconden una tragedia familiar y personal”, añadió.

Para el representante, el esfuerzo de la Defensoría tendría mayor impacto si se agrega un contexto para entender las causas estructurales que existen de fondo. “Usar esas medidas y analizarlas para prevenir la violencia que afecta el goce de los derechos humanos”, puntualizó Monge.

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