Este lunes la Fiscalía General de la Nación adicionó y precisó la imputación en contra del exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Edwin Gilberto Ballesteros Archila. Al excongresista se le acusa por supuestas irregularidades en la celebración de contratos mientras se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT).
En octubre de 2021 el ente investigador tomó el caso de Ballesteros después de que renunciara a su curul en el Congreso de la República. Antes de eso, el proceso penal lo llevaba la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero que ostentaba el exfuncionario.
La investigación la asumió un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien encontró méritos para adicionar y precisar los delitos. La decisión se tomó después de realizar las valoraciones del material de prueba obtenido y hacer las adecuaciones para que el expediente se siguiera dentro de los parámetros de la Ley 906 de 2004, es decir, del sistema penal acusatorio.
La nueva imputación responde a 13 cargos distintos por los delitos de: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, cohecho propio y concusión. La Fiscalía comunicó la decisión ante un juez de control de garantías de Bucaramanga, en Santander.
Los hechos por los que Ballesteros fue imputado tienen que ver con cinco contratos, suscritos entre 2014 y 2015. El excongresista habría participado en dichos acuerdos como gerente de ESANT y, según el ente investigador, hay evidencia de posibles anomalías en el trámite, celebración y ejecución.
La relación con Richard Aguilar
Cabe recordar que esta investigación está relacionada con el caso del exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por haber incurrido en actos de corrupción. El pasado 8 de febrero la Fiscalía lo acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por su relación con seis contratos firmados entre 2014 y 2015.
El escrito de acusación de la Fiscalía señaló que mientras Aguilar fue gobernador, “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. En este sentido, los delitos por los que es investigado son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado.
El ente investigador aseguró que Aguilar habría direccionado más de cinco contratos avaluados en alrededor de 400 millones de pesos de forma ilegal. Estos convenios hacían parte del proyecto del corredor vial San Gil - Charalá, las obras adelantadas para el tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca y un contrato para adelantar obras en el Estadio de la Villa Olímpica de Bucaramanga. Además, habría utilizado de manera incorrecta dineros del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Entre esos actos de corrupción del exgobernador, Ballesteros se habría beneficiado cuando se desempeñaba como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. Asimismo, otros personajes vinculados en el caso mencionaron en sus declaraciones que el excongresista direccionó algunos de los contratos. Estos testimonios fueron los de Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de Santander entre 2012 y 2015, y su esposo Lenin Darío Pardo, junto a Andrés Mauricio Diaz Herrera, interventor en contratación.
Así lo confirmó la Corte Suprema en un documento emitido por la Sala de Instrucción: “La información suministrada por los testigos Pardo Pulido y Diaz Herrera adquiere seriedad y consistencia probatoria”. Para el alto tribunal las declaraciones de los involucrados resultaron “respaldadas por otros medios de convicción de carácter documental, testimonial y técnico, de los que emergería el compromiso penal del actual representante a la cámara Edwin Gilberto Ballesteros”.
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