Escándalo Ríos Velilla: involucrados se declaran inocentes por corrupción en contrato con TransMilenio

Desde las 12:00 p. m. de este 25 de abril, la Fiscalía General de la Nación inició la audiencia de imputación de cargos contra al exconcejal Felipe Ríos Londoño y los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla, señalados de violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación del recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). El ente acusador imputó a los tres hombres por este delito, pero ninguno aceptó los cargos.

La fiscal que lleva el caso es Angélica Monsalve, quien sigue al frente de la investigación a pesar de que le intentaron retirar el expediente de su despacho y enviarla a Putumayo. Según la togada, fue amenazada después de anunciar que llevaría a la familia Ríos Velilla a los estrados.

Incluso, para evitar que Monsalve se ocupara del caso, el abogado Jaime Lombana presentó una recusación contra la fiscal cuando faltaba un día hábil para la celebración de la audiencia. El recurso le fue negado a Lombana este mismo lunes y Monsalve pudo imputar los cargos.

Ahora que los Ríos Velilla no aceptaron cargos, la togada tiene el trabajo de investigar si los dos hermanos, Javier y Carlos, habrían ocultado ser los contratantes del sistema de recaudo del SITP. La información habría sido escondida porque ambos son tíos del entonces concejal de Bogotá por Cambio Radical Felipe Ríos, hecho que los inhabilitó para esa contratación.

Estas irregularidades se habrían presentado en 2011 y en ese entonces TransMilenio pidió que se investigara a los dos hermanos. La empresa de los presuntos responsables era Recaudo Bogotá, que fue la que ganó el contrato, pero fue presentada como una compañía chilena.

“Con el ánimo de establecer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en mi calidad de concejal… con el objeto de obtener información si en la entidad distrital que usted dirige existe actualmente algún vínculo contractual con mis familiares hasta el cuarto grado de consanguinida (…) En mi caso, se trata de 46 parientes”, explicó Ríos Londoño en un comunicado que envió a la Fiscalía.

La Procuraduría General de la Nación ha asegurado que no ha establecido que, “no existió falta alguna porque no hubo inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento de los deberes de los funcionarios”. Según el ente de control, Felipe Ríos se había declarado impedido en todo lo concerniente a la mencionada licitación y por eso no habría irregularidades en el proceso.

“Como se ha probado, se rigió dentro de los cánones de la ética y el derecho. Si bien era conocedor de su afinidad con Javier Ríos Velilla y los supuestos asuntos de éste con el distrito, el concejal activó los mecanismos a su alcance para esclarecer las situaciones allí descritas, identificar las empresas o temáticas en las que debía abstenerse de participar y decidir. Pero además se declaró impedido sin dejar lugar a duda o reproche”, dijo la Procuraduría acerca de Felipe Ríos.

A pesar de esto, la Fiscalía pretende probar que sí hubo problemas. Una de las pruebas más importantes que tiene el ente acusador es un contrato de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial. El documento fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá, en febrero de 2013, momento en el que ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.

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