La Contraloría General de la República alertó como inminente el riesgo de pérdida de recursos públicos por más de 97.049 millones de pesos, que han sido invertidos en infraestructura educativa en el país, pero que podrían terminar en obras poco funcionales o que finalmente queden sin terminar.

La alerta fue remitida a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y a Adriana González, gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), como administradores de los recursos Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).

El ente de control había recibido 52 alertas por posibles retrasos en obras de ese programa, de las cuales comprobó hasta el pasado 11 de febrero que solo se habían entregado 7 obras concluidas y funcionales, por lo que otras parte de la alerta continuarían en retrasos.

En la alerta se sostiene que 19 proyectos no cuentan con la infraestructura suficiente que “garantice un proceso educativo en condiciones de higiene (agua potable y saneamiento básico), funcionalidad (energía eléctrica), accesibilidad (rampas y ascensores, andenes, vías internas y de acceso) y seguridad (cerramientos, cumplimiento de normas técnicas de seguridad escolar y de prevención de riesgos), necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento de las instituciones educativas”.

Son un total de 3.245.455 habitantes afectados por ese tipo de proyectos disfuncionales que se encuentran ubicados en Boyacá (4 obras), Antioquia (3), Córdoba (2), Quindío (2), Atlántico (1), Magdalena (1), Meta (1), Nariño (1), Valle del Cauca (1), Caldas (1), Cundinamarca (1) y Tolima (1).

Algunos colegios se entregaron sin obras de cerramiento perimetral, urbanismo o construcción de andenes y acabados exteriores, como señaló la Contraloría en las instituciones de Córdoba, I.E. Rafael Nuñez en Lorica o I.E Robinson Pitalua en Montería.

Por la falta de cerramiento, el colegio I.E. Nuestra Señora del Rosario, en el municipio Santa Barbara de Pinto del Magdalena, ha sido objeto de vandalismo a lo que se suma que los estudiantes están recibiendo clases sin servicio de energía y han tenido que pedir por tutela el restablecimiento del servicio.

La Institución Educativa Técnico Industrial Mariscal Sucre en el municipio de Boavita en Boyacá, tiene más de 230 días de suspensiones y prórrogas. El pasado 24 de enero se firmó compromiso de reajuste de precios, pendientes de aprobación para 260 millones que se requieren para obras de energización, cerramiento, anden, rampa y terraplén.

Así es como varias de las obras, pese a que podrían representar un avance, requieren de recursos adicionales para las obras complementarias, que son necesarias para que los estudiantes puedan recibir clases en condiciones suficientes.

La Contraloría sostuvo que las Entidades Territoriales Certificadas “eluden sus responsabilidades derivadas de los convenios firmados”, como incumplen convenios interadministrativos y de financiación. Además, asegura que el FFIE “no cumple su obligación de vigilar los compromisos contraídos por la ETC, y se limita a entregar a la infraestructura construida en el marco del contrato suscrito por el consorcio fiduciario con el contratista de obra, sin verificar la culminación efectiva de las obras conexas y la conexión definitiva de servicios públicos”.

El Fondo de Financiamiento emitió un comunicado de respuesta, en el que aseguró que ha tomado “todas las decisiones de orden legal”, entre las cuales han avanzado en 540 proyectos desde el año 2018 con gestión eficiente. De estas obras, 261 se encuentran terminadas a hace un año y 260 en obras, así como del total se benefician 442 mil estudiantes, por lo que desestiman que más de 3 millones de personas resulten damnificadas por los retrasos, sin contar las familias.

El FFIE asegura que los recursos no están en riesgo, como lo advierte la Contraloría. Así mismo, que de los 19 proyectos señalados por el ente, 7 han sido entregados y 12 permanecen en etapa de obra, 6 de ellos con un avance superior al 85 % y que garantizan la entrega de las obras.

“En relación a las obras complementarias que son responsabilidad de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), es importante indicar que el Ministerio de Educación Nacional, realiza seguimiento periódicamente a las obligaciones de las Entidades Territoriales en el marco de los convenios que se tienen suscritos con las entidades”, agregó el Fondo.

SEGUIR LEYENDO: