En audiencia pública, el ministro de Defensa volvió a insistir en la legitimidad de la operación en Putumayo

Este lunes se desarrolló una audiencia pública en Putumayo en la que participaron algunos representantes a la Cámara, miembros de la Comisión Segunda, junto con el ministro de Defensa, Diego Molano. El objetivo del encuentro era fijar unos compromisos claros tras el operativo militar en la vereda El Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo.

La operación de las Fuerzas Militares se realizó el pasado 28 de marzo y dejó como saldo 11 personas fallecidas y cinco heridas. El hecho causó conmoción en el país debido a que el Ministerio de Defensa presentó estas muertes como un golpe a las disidencias de las Farc; sin embargo, la población manifestó que quienes perdieron la vida eran civiles.

A pesar de eso, Molano mantuvo su versión de que se trataría de miembros de las disidencias de las Farc. “Nuestras Fuerzas Militares no pueden omitir su responsabilidad de desarrollar sus operaciones en contra de esos grupos, porque son ellos los que vulneran los derechos de la población colombiana y de los putumayenses”, aseveró el jefe de cartera en la audiencia pública.

El ministro hizo énfasis en quiénes serían los verdaderos “enemigos” de los putumayenses. “No es la fuerza pública, no es el Ejército, no es la Armada Nacional; son estos grupos armados organizados”, comentó Molano y lamentó que en los procedimientos adelantados por estas entidades muera cualquier colombiano.

Es importante recordar que el Gobierno nacional ha recalcado en varias ocasiones que el operativo se habría dado bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario; no obstante, ahora se están adelantando unas investigaciones para determinar si el accionar del Ejército vulneraría o no a los habitantes de Puerto Leguízamo.

Al respecto, Molano señaló que la Fiscalía General de la Nación será la que determine si “esos 11 muertos en desarrollo de operaciones tenía relación con la estructura o participación de las hostilidades”. Asimismo, indicó que el propósito de la operación militar era afectar a un objetivo delincuencial y la intervención del Ejército fue planeada. “Tengan la certeza que esta operación la hicimos y la desarrollamos con el propósito de reforzar la seguridad y desarticular las bandas criminales”, agregó.

El jefe de cartera explicó cuál es la situación en el Putumayo y la importancia de la operación. Según Molano, la región tiene un gran potencial en cacao, caucho y cuenta con gran riqueza en biodiversidad, “pero a la vez hay una amenaza compleja por la presencia de las disidencias”, las cuales generarían en el último año y medio “afectaciones a la tranquilidad, homicidios y desplazamientos”.

Comisión de Paz no pudo sesionar en Puerto Leguízamo

Si bien la audiencia pública contó con la presencia de representantes a la Cámara, los miembros de la Comisión de Paz del Senado no pudieron asistir. La senadora electa María José Pizarro denunció en sus redes sociales que el ministro de Defensa les negó la logística para ir al Putumayo. “Es decir, el Ministerio de Defensa sí garantizó desplazamiento para la Comisión Segunda de Cámara, pero ¿no era posible garantizar la asistencia de la Comisión de Paz?”, escribió la congresista.

Pizarro mencionó que la sesión estuvo “liderada por una ‘delegación’ del Centro Democrático un día antes de la moción de censura”. En la audiencia pública se destacó la presencia de los militantes del mencionado partido como Paloma Valencia, Santiago Valencia, José Vicente Carreño y Juan David Vélez.

Paloma Valencia se pronunció al respecto. “Pese a que la delegación de la Comisión de Paz era de 4 senadores, solo vinimos Santiago Valencia y yo”, dijo la congresista. Sin embargo, el senador Antonio Sanguino, del partido Verde, denunció que el ministerio priorizó a aquellos que tenían una relación con el uribismo y que decidieron apoyar a las Fuerzas Militares.

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