Este lunes se realizará una audiencia de imputación de cargos contra los hermanos empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla y su sobrino Felipe Ríos Londoño, debido a una posible violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación del recaudo del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).
La fiscal que lleva el caso es Angélica Monsalve, que los investigará por celebración indebida de contratos y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Es que, Carlos y Javier Ríos Velilla y su sobrino Felipe Ríos Londoño, habrían incurrido en esos delitos en 2011 en una licitación.
Es que el TransMilenio en su momento pidió que se investigara a los dos hermanos, ya que al parecer había ocultado ser los contratantes, esto debido a que se por ser tíos del entonces concejal de Bogotá Felipe Ríos Londoño (Cambio Radical), estarían inhabilitados.
La empresa de los presuntos responsables era Recuado Bogotá, que fue la que ganó el contrato, pero era presentada como una compañía chilena, sin embargo, las investigaciones indicas que, los hermanos, habrían adquirido estas mientras su sobrino era concejal de Bogotá.
“Con el ánimo de establecer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en mi calidad de concejal… con el objeto de obtener información si en la entidad distrital que usted dirige existe actualmente algún vínculo contractual con mis familiares hasta el cuarto grado de consanguinida (…) En mi caso, se trata de 46 parientes”, explicó Ríos Londoño en un comunicado que envió a la Fiscalía.
“Adicionalmente, incluí en las comunicaciones cinco empresas que mi tío Javier Ríos había mencionado en la carta que envió a la Procuraduría, días antes de mi posesión, con la intención que yo fuera investigado”, agregó Ríos.
La Procuraduría en un documento afirmó que: “Se ha establecido que no existió falta alguna porque no hubo inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento de los deberes de los funcionarios… siendo importante señalar el señor Felipe Ríos, como se ha probado, se rigió dentro de los cánones de la ética y el derecho… si bien, era conocedor de su afinidad con Javier Ríos Velilla y los supuestos asuntos de éste con el distrito, el concejal activó los mecanismos a su alcance para esclarecer las situaciones allí descritas, identificar las empresas o temáticas en las que debía abstenerse de participar y decidir. Pero además se declaró impedido sin dejar lugar a duda o reproche”.
En su momento, Javier y Carlos Ríos le dijeron a WRadio que: “Accionariamente no participamos en el negocio. Cuando decidieron presentarse a la licitación nos piden que nos acompañen”.
También recalcaron y negaron pertenecer al consorcio Recaudo Bogotá S.A.S, grupo conformado por Citymóvil de Chile y LG de Corea.
Una de las pruebas más importantes que tiene el ente acusador es un contrato de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial, que fue firmado entre IFC y Recaudo Bogotá, en febrero de 2013, momento en el que ya estaba vigente la concesión con TransMilenio.
Es de destacar que, La fiscal del caso, Angélica Monsalve, denunció recientemente presiones para que el caso no avanzara en los estrados judiciales.