Un nuevo firmante del Acuerdo de Paz fue asesinado en Cauca este 24 de abril. La víctima fue identificada como Nelson David Montaños Márquez, conocido como el Negro Luis, de 23 años, quien se habría acogido al proceso de reincorporación cuando todavía era menor de edad. En estos últimos años el joven ejerció un papel activo en la construcción de paz, por lo que para disidentes y otros grupos subversivos era visto como una amenaza, razón por la que al parecer fue ultimado.
“¡Atención!: Con dolor e indignación debo informar el asesinato de Nelson David Montaños Márquez, firmante de paz conocido como Luis Mosquera. Es inadmisible la ausencia de garantías que sufre la población en reincorporación por falta de voluntad política del gobierno Duque”, informó el exlíder guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko .
Según información oficial, Montaños fue asesinado la medianoche de este domingo cuando se encontraba en un establecimiento público en la zona urbana del municipio de Miranda. Allí llegaron hombres armados que lo interceptaron y le propinaron varios tiros.
Montaños estaba en la mira de los subversivos que operan en la zona porque estaba adelantando un proceso de reincorporación exitoso. El joven era escolta del esquema colectivo del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monterredondo y era afiliado al sindicato nacional Memoria Viva.
Hasta el momento no se ha señalado a un responsable del hecho, pero no se descarta que haya sido alguno de los grupos armados que opera en el Cauca. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en esa zona operan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el grupo narcoparamilitar Águilas Negras.
Indepaz coincide con lo expresado por Timochenko y asegura que el Gobierno tiene responsabilidad en este recrudecimiento de la violencia y aumento de firmantes del Acuerdo asesinados. El centro de investigación argumenta que la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas que exponen la violenta situación que atraviesa Cauca y aún así no se han tomado medidas para proteger a los exFarc.
“La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 035/18, en la cual señala el lento cumplimiento y la falta de claridad respecto de cronogramas y acciones concretas por parte del Gobierno Nacional en la implementación de los acuerdos con los excombatientes ubicados en los ETCR y también con las comunidades, hecho que constituye un riesgo para la construcción de la paz estable duradera”, dice Indepaz.
La entidad sostiene que la falta de garantías produce desconfianza entre los reincorporados y esto, a su vez, genera una sensación de inseguridad en todo el espacio territorial, lo que termina en que los firmantes tomen la decisión de abandonar el lugar y solicitar el traslado. Indepaz sostiene que esto se está repitiendo y el Gobierno hasta el momento no ha entregado una solución.
Indepaz señala que es necesario que el Gobierno actúe ante la violencia que sufren los firmantes del acuerdo. Cifras del instituto dan cuenta de que, en lo que va del año, 17 excombatientes de las Farc han sido asesinados y desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en 2016, 316 han sido asesinados.
Con este panorama, la Corte Constitucional realizará una audiencia pública desde las 8 a. m. del jueves 28 de abril para estudiar las medidas que protegen a los excombatientes y líderes sociales del país. Esta convocatoria surgió como respuesta a nueve tutelas interpuestas por 18 ciudadanos que aseguran que el Estado está permitiendo que se vulneren sus derechos.
Según los accionantes, el Gobierno e instituciones del Estado no han cumplido con fallos emitidos previamente que buscaban proteger la vida de los defensores de derechos humanos. Entre las irregularidades está que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le ha proporcionado a todos los activistas el esquema de protección, y otros, aunque el Estado sí les ha brindado el esquema, afirmaron que esto no ha sido suficiente.
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