Comunidad de zona rural de Mapiripán (Meta) denuncia que el Ejército dinamitó sus viviendas en un operativo

Una nueva y grave denuncia de lo que sería una agresión injustificada del Ejército hizo en el informativo de televisión Noticias Uno la comunidad de la vereda Unibrisas del Iteviare, en zona rural de Mapiripán (Meta), luego de que los militares realizarán una labor de recuperación de una zona de reserva forestal en la que usaron, al parecer, dinamita para destruir las casas que habían construido en esa zona.

En ese noticiero reseñaron que la señalada incursión se llevó a cabo dentro de la operación Atermisa, con la que Fuerza Pública busca recuperar las zonas forestales que han sido afectadas por actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros.

Sin embargo, la comunidad denuncia que hubo excesos por parte de los uniformados quienes destruyeron el caserío utilizando explosivos.

“Funcionarios del Ejército y de Policía Judicial, si bien estaban haciendo su procedimiento decidieron explotar o colocar dinamita en sus viviendas y en puentes que le sirven a la comunidad, para que los niños puedan ir a una escuela”, señaló Camilo Lombana, apoderado de los afectados.

En Noticias Uno indicaron que se trataba de precarias viviendas que habían erigido familias de personas desplazadas y que el día del operativo fueron destruidas con detonaciones que provocan daños al medioambiente, paradójicamente en un operativo para proteger una zona de reserva forestal.

“Me sacaron ahí cerquita de la casa, como unos 200 metros para que la explotaran. Acabaron con los animales, las gallinas, gatos que habían. Fui hasta allá y eso había sangre, yo creo que de los animales”, dijo un testigo del hecho.

En el informativo señalaron también que en una de las casas que iban a destruir, el explosivo no fue detonado y fue hallado por un menor de edad. Temen que pueda ocurrir una tragedia porque la carga continua allí.

El ambientalista Camilo Prieto, que fue consultado en ese medio de comunicación, señaló que la legislación para la recuperación de las zonas de reserva indica que no se deben usar ese tipo de elementos.

“Los protocolos de destrucción van enfocados en eliminar por ejemplo maquinaria que se utiliza en minería ilegal o destrucción de cultivos de uso ilícito, pero jamás van diseñados para destruir casas de los campesinos y de las poblaciones vulnerables. Sin duda esta es una violación flagrante de los Derechos Humanos porque son los poderes del Estado arrojados sobre poblaciones altamente vulnerables”, explicó.

Los afectados elaboraron un comunicado en el que denuncian el señalado exceso de la fuerza militares y aseguraron que no tienen alguna relación con actividades ilícitas. Agregaron que temen por sus vidas y que ocurran operativos como el de Puerto Leguizamo (Putumayo) en el que fallecieron 11 personas que la comunidad indica que eran civiles, pero que en el Ejército aseguran que eran integrantes de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.

Sobre el tema, en esa fuerza militar respondieron a Noticias Uno que en el lugar delinque el grupo armado ilegal Arcesio Niño, y que se tenía una tala indiscriminada en esa zona que es de reserva forestal. Reiteraron que se efectuaron capturas de los implicados en los delitos ambientales y que además incautaron una tonelada de urea y otros insumos químicos que se emplean en cultivos ilícitos. También hallaron guadañas, motosierras y una planta eléctrica.

Agregaron que al lugar enviaron soldados que se encargarán de revisar el lugar en el que se informó que continuaba una de las cargas explosivas.

Este hecho se conoce precisamente cuando Human Rigth Watch denunció que en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo (Putumayo), los miembros de la fuerza pública se han dedicado a amenazar e intimidar a campesinos e indígenas.

Estas presuntas intimidaciones se dan 23 días después de que se conociera del operativo en el que varios civiles, entre los que hay un menor de edad, una autoridad indígena y una mujer embarazada, fueron asesinados, al parecer, por militares que buscaban a alias Bruno, miembro de las disidencias de las Farc.

Según Human Right Watch, se presentará un informe en los próximos días que contará con testimonios de las personas del territorio y de fuentes oficiales.

El organismo de derechos humanos también criticó el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, pues asegura que el documento no presenta conclusiones claras sobre los sucedido en esa comunidad.

Cabe recordar que sobre el desarrollo de la operación llevada a cabo el 28 de marzo, la Defensoría del Pueblo advirtió la obligación de respetar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cuanto a los principios de precaución, distinción y proporcionalidad.

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