Registraduría solicita al Gobierno Nacional $3.277 millones para auditoría internacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil envió una carta al Ministerio de Hacienda en la que le solicita recursos por: $3.277.248.198 millones para la contratación de una auditoría internacional sobre los procesos y sistemas electorales durante 2022, tal como lo sugirió el Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a la desconfianza que existe por parte de electores y movimientos políticos.

En la misiva dirigida a la directora General de Presupuesto de la cartera de Hacienda, Claudia Marcela Numa, la Registraduría argumentó que la autoridad electoral requirió aplicar una auditoría internacional con el propósito de bridar “transparencia y control del proceso electoral”, a través de la evaluación y verificación de los mecanismo y herramientas informáticas que hacen parte del proceso, debido a que en las elecciones pasadas se evidenciaron múltiples irregularidades y se puso en duda la legitimidad de las elecciones.

“Por lo anterior expuesto, es de vital importancia contar con los recursos para la referida contratación, en la medida que permite a la corporación prevenir, orientar, asistir y propender por una cultura democrática que fortalezca la participación política, la confianza ciudadana y el reconocimiento institucional en el marco del Sistema Político y Electoral colombiano”, señaló la entidad en cabeza del registrador Alexander Vega.

Asimismo, la Registraduría señaló que esta auditoría busca evaluar los instrumentos digitales que durante las elecciones legislativas, las cuales se realizaron el pasado 13 de marzo, presentaron inconvenientes en su plataforma tecnológica, lo que ocasionó la interrupción en los servicios a los electores durante buena parte de la jornada, así como sobre los procesos vinculados a los escrutinios a nivel auxiliar y nacional, los cuales también presentaron graves inconvenientes.

En ese sentido, indicó que la inspección de los sistemas contribuye a que se ejerzan controles preventivos que eviten que se presenten riesgos, al tiempo que destacó que una auditoría previa a las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, tiene el potencial de evidenciar debilidades y errores a corregir antes de que estos puedan ocasionar fallos.

Por último, indicó que las fallas en los sistemas informáticos que generan desconfianza en los resultados, como en el caso de los pasados comicios, tienen la posibilidad de alterar la credibilidad de las autoridades electorales, debido a que suelen asociarse con “actuaciones irregulares o fraudulentas”, concluyendo que el hecho de que se den estos señalamientos, sobre la base de fallas técnicas “independientemente de la existencia de dolo o que se trate solamente de errores humanos, tiene el potencial de causar serias afectaciones a la estabilidad social del país y daños irreversibles a la imagen de la organización electoral”.

“Con el fin de realizar una inspección bajo el control del CNE previo o posterior a la realización a la realización de las elecciones presidenciales, con el propósito de realizar la detección temprana de debilidades y riesgos en los softwares que en las elecciones legislativas no se detectaron oportunamente. Asimismo, debido a la trascendencia del software para la realización del escrutinio a nivel nacional a cargo del CNE cuya entrega funcional se realizó el 7 de abril de 2022, sin que hasta ese momento se haya realizado una revisión del código fuente de ese sistema”, señaló la Registraduría.

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