Procuraduría se pronuncia sobre la situación en Chocó y pide al gobierno medidas de seguridad

Cifras recopiladas evidencian que más de 20 municipios del departamento sufrieron al menos un episodio violento. El Ministerio Público pide intervenir para garantizar la seguridad

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Procuraduría pide intervención en materia de seguridad para el departamento del Chocó. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Procuraduría pide intervención en materia de seguridad para el departamento del Chocó. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Recientemente se registraron enfrentamientos de grupos delictivos, los cuales dejaron 2 muertos y 4 heridos, pero la situación lleva bastante tiempo, lo que ha hecho que muchas personas se vean forzadas a salir de sus territorios. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reseñó que de los más de 15.000 desplazado, la mayoría provienen de la región Pacifico, puntualmente de Chocó y Nariño.

Es por esto que la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado, luego de adelantar reuniones con las autoridades, las cuales entregaron cifras de las distintas situaciones de orden público. En el documento, les pidieron a las unidades de la fuerza pública que actúen de manera inmediata, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad; además, de rechazó los hechos de violencia y acciones criminales que se han cometido en el departamento.

“Es de importancia atender a las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, lo que incluye la solicitud oportuna de recursos tanto a la Gobernación como a la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, entidad a la que se le solicita, liderar los procesos de restablecimiento de derechos y de retorno de personas afectadas por esta problemática”.

El Ministerio Público agregó que se debe priorizar las zonas rurales, desarrollando una estrategia Así mismo El ministerio Público asegura que vigilará la situación humanitaria del Chocó, las amenazas a las distintas poblaciones y culturas, las alertas sobre el desplazamiento forzado y demás violaciones de derechos humanos.

La Procuraduría dijo que las poblaciones más afectadas del departamento quedan en las regiones de: Bajo Atrato, Baudó, Darién, Medio Atrato, Pacífico y San Juan. Allí, más de 20 municipios sufrieron al menos un acto violento durante el 2022.

El departamento fronterizo, afronta también, problemas en materia de salud, por cuenta de la falta de pagos a los profesionales, sumado a que no llegan los insumos médicos, por lo que no hay una adecuada atención para los ciudadanos.

Además, el departamento tiene alertas emitidas por el IDEAM, en diferentes zonas por la fuerte ola invernal, donde se podrían ocasionar deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos. Pero, el tema de orden público es el que más preocupa a los habitantes; la presencia de diversos grupos armados, como el denominado Clan del Golfo, por ejemplo, tienen azotados y hasta confinados a diversas poblaciones.

De hecho, el personero de Chocó, Domingo Ramos, pidió que se militarice la capital del departamento, Quibdó, por los enfrentamientos armados que han dejado varias víctimas mortales, entre esos algunos niños. “Es lamentable lo que pasa en Quibdó, venimos manifestando esta alerta hace más de año y medio, por la zozobra que esta guerra entre bandas genera en la ciudad. Rechazamos esta ola de violencia, y hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se militarice la ciudad de Quibdó, porque sabemos que hay escasez de uniformados de la fuerza pública”.

Hasta la Iglesia Católica se ha manifestado, pidiendo que cesen las actividades bélicas. Una carta emitida por algunas organizaciones sociales, en conjunto con los obispos de la diócesis de Istmina, Apartadó y Quibdó, señala que hay una disputa territorial entre los actores armados, lo que ha traído confinamientos, desplazamientos, muertos y heridos; se han cometido asesinatos colectivos, e incluso, han vuelto los episodios de las minas antipersona.

El Ejército ha explicado que los grupos criminales han intentado infiltrar algunos uniformados, según el comandante de la Séptima División del Ejército, mayor general Juvenal Díaz, se han detectado varios intentos de ingresar a las filas castrenses, pretendiendo prestar el servicio militar.

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