“La estigmatización es una política de Estado”: Cinep

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), por medio de la revista Noche y Niebla No. 64, ha registrado información sobre las violencias políticas permanentes y vigentes en el territorio nacional, que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el contexto de la estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y protestas sociales, por medio de la implementación de hechos represivos que se escudan en el marco de la legalidad.

El informe señala que a partir del 28 de abril de 2021 se dio inicio a una gran movilización social, convocada por las centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno del presidente Iván Duque.

El informe aseguró que ante estas acciones, “el Gobierno nacional implementó un sistema represivo profundamente antidemocrático que trató a los ciudadanos como delincuentes o enemigos de la seguridad del Estado”.

El principal hallazgo de este informe da cuenta de que, “la estigmatización se convirtió en una política de Estado, lo que permitió la multiplicación de judicializaciones y detenciones contra quienes se movilizaban en contra del mandato del actual gobierno”.

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En cuanto a la violencia político social, Cauca (con 331 hechos) sigue siendo el departamento con mayores niveles de victimización, seguido por Norte de Santander (116), Valle de Cauca (75), Huila (58), Nariño (57) y Antioquia (48). En esta categoría los hechos victimizantes que más se presentaron fueron los asesinatos, amenazas y lesiones física.

Por su parte, Alcibíades Rodríguez, autoridad indígena que se desplazó de Vichada a Bogotá para compartir su testimonio, expresó que, “la falta de compromiso gubernamental desconoce los derechos constitucionales de las comunidades campesinas e indígenas. La concentración de la tierra está asignada a los grandes empresarios del país. Declarando a las autoridades indígenas y campesinas como invasores de sus propios territorios”.

Rodríguez enfatizó en que el desconocimiento a la propiedad provoca el despojo de sus propios territorios. “Reclamar nuestros derechos, proteger la naturaleza y defender nuestro pueblo nos vuele enemigos del Estado. Somos 102 pueblos indígenas en la Orinoquia colombiana, muchos de ellos en vía de extinción. Y el gobierno desconoce su existencia sin importarle sus derechos fundamentales”.

De acuerdo con el boletín del Cinep, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, habitantes ancestrales de estos territorios, “viven hoy la tragedia causada por la fallida implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno nacional. A eso se sumaría la presencia y el accionar de los grupos paramilitares y las disidencias de las Farc”.

Otro de los puntos que señala el informe es que tanto las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación “han estado inscritos en la política de consolidación territorial, marcada por la estabilización y las mega operaciones contra los territorios”.

Puntualmente, se señala a la operación denominada “Artemisa” “ha causado mayor empobrecimiento de las comunidades, su expulsión y el desplazamiento de personas de aquellos territorios que hacen parte de las áreas de manejo especial, Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas”, según describe el Banco de Datos del Cinep.

“Los más preocupante de 2021 es el avance y desarrollo muy grande del paramilitarismo en todo el país y la persecución a la protesta social, una persecución que ha ido dando al traste con la credibilidad de la justicia en Colombia”, explicó el padre Javier Giraldo fundador del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep.

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