Luego del escándalo por presunto fraude electoral en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, la opinión pública se volcó contra el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, para que diera explicaciones. En las últimas horas, el candidato presidencial Gustavo Petro hizo una nueva solicitud al jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Como lo han pedido desde otras corrientes políticas, así como las autoridades electorales, el postulante por el Pacto Histórico le solicitó al funcionario que permita que entidades internacionales revisen los sistemas informáticos que se usarán en las elecciones presidenciales de este año.
“Solicito formalmente al Registrador, permitir la auditoria internacional de todos los softwares que se usaran en las elecciones del 29 de mayo, tal como lo solicitó el Consejo Nacional Electoral”, pidió, a través de su cuenta de Twitter, Gustavo Petro.
La solicitud del aspirante presidencial es la misma que hizo esa semana el CNE, cuyos magistrados encargados de la inspección, control y vigilancia de las elecciones pidieron que el conteo de la primera y segunda vuelta electoral esté vigilado por un ente de carácter internacional.
El CNE le envió al registrador una solicitud para contratar una auditoría en el extranjero que les dé tranquilidad a los colombianos sobre la transparencia de los equipos y programas informáticos involucrados. Es decir que en los siguientes temas se pueda tener cien por ciento de confianza en el proceder de la Registraduría y sus funcionarios: La inscripción de cédulas, preparación de kits electorales, la selección de jurados y testigos, la transmisión de datos y procesamiento del preconteo; además, del proceso del escrutinio que determinará, en últimas, quien será el nuevo presidente de Colombia.
El pasado 12 de abril, la Procuraduría General de la Nación solicitó al CNE y a la Registraduría tomar medidas para “blindar los comicios”, en este sentido, les pidió presentar un plan para lograr ese objetivo. La ruta debería se presentarla antes de fin del mes de abril.
“La procuradora Margarita Cabello requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que informe, en el término de 5 días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales que permita, de forma preventiva, eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado 13 de marzo”, se lee en un documento emitido por el Ministerio Público.
El órgano de control sostuvo su petición tras las cientos de denuncias recibidas por irregularidades presentadas en las mesas de votación, entre las que destacan presunta corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen democrático y voto fraudulento.
La Fiscalía fue notificada de 131 reportes de posibles delitos electorales interpuestos a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). Cabe destacar que esto se notificó en el territorio nacional, pues en los comicios en el exterior, la Fiscalía también se enteró de 62 quejas, las cuales serán valoradas para establecer si hay mérito para abrir un caso formal.
Además, se reportaron más de 400 denuncias por irregularidades en el preconteo y el diligenciamiento de los formularios E-14. Incluso, por este hecho la Procuraduría ordenó investigar al registrador Alexander Vega y pidió indagar sobre todos los movimientos de la entidad.
Así las cosas, se deberá averiguar sobre los parámetros para escoger los jurados de votación, la inscripción y registro de votantes, además, de la relación de la Registraduría Nacional con uno de los contratistas.
El registrador, por su parte, dio un parte de tranquilidad al país: “Lo importante es que se va a cambiar nuevamente la forma de asignación y se va a tener en cuenta la experiencia como jurados de votación en pasados comicios”, aseguró el registrador nacional hace unos días.
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