Comunidad indígena de Putumayo denuncia incursión militar irregular dentro de su territorio

El resguardo indígena Siona en Buenavista Putumayo denunció el ingreso de miembros del Ejército Nacional a sus territorios para la erradicación de cultivos de coca. A su vez, expresó que esta situación es una violación al Derecho Internacional Humanitario.

A través de un comunicado, la autoridad indígena afirmó que, ”el Ejército Nacional ha ingresado y permanecido inconsultamente durante los dos últimos meses en varias ocasiones a nuestro territorio ancestral, por distintos puntos del territorio resguardado en la zona colindante con las veredas la Rosa, Sevilla, Montebello y Lisberia, con la finalidad de realizar labores de erradicación forzosa de cultivos de coca, pero sin haberse garantizado la consulta previa”.

Dentro de los hechos que denuncian, aseguraron que el Ejército ha realizado labores de patrullaje y han expresado su negativa a retirarse de los territorios afirmando que siguen órdenes del ministro de Defensa.

El resguardo aseguró que en este caso se está desconociendo el gobierno propio y la autonomía indígena, así como el rol del cabildo y la Guardia Indígena como autoridades dentro del territorio ancestral.

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Además, expresaron que esta situación no es nueva. “En lo que va del año es la tercera incursión militar irregular y sin consulta para actividades de erradicación, acampada y patrullaje, presentándose especialmente en la zona de centro Buenavista y en Puerto Silencio, y ello pese a la información que se les suministra sobre linderos y mapas generando graves riesgos para nuestro territorio y comuneros y una clara vulneración a nuestros derechos”, se puede leer en el documento dirigido al presidente Iván Duque.

De acuerdo con información suministrada por los comuneros, el 15 de abril del año en curso tres pelotones del Ejército Nacional entraron por puntos diferentes en el Resguardo Buenavista manteniéndose dentro del territorio hasta el 17 de abril.

Además, se habrían presentado amenazas contra varios comuneros por parte de miembros de la fuerza pública, quienes se retiraron las insignias e identificaciones, exceptuando un uniformado que se presentó como el teniente Martínez.

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Para la comunidad de este resguardo, “los hechos que aquí se denuncian no sólo comportan infracciones al DIH sino que incrementan los riesgos contra nuestra vida, libertad e integridad y afectan la autonomía y el ejercicio de autodeterminación en el marco de la autoridad tradicional, espiritual y política dentro de nuestro territorio ancestral y resguardado”.

Una de las solicitudes que hizo el resguardo indígena al Gobierno colombiano en su comunicación es que, “se detengan los operativos de erradicación forzosa y se busquen caminos de diálogo y concertación con las comunidades, quienes manifiestan su voluntad de abrir espacios de concertación y para nuestro caso particular que se garantice nuestro derecho a ser consulta dos ante cualquier proyecto de erradicación”.

Por último, el resguardo Siona Buenavista envió un mensaje contundente: “Señalamos la responsabilidad del Estado Colombiano por omisiones de protección y garantía de nuestros derechos como Pueblo Indígena, así como de acciones violatorias a nuestro derecho fundamental a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Exigimos el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en nuestro favor tanto por el Juzgado de Restitución de Tierras de Mocoa como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

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