La paridad de género y otras medidas que se cayeron con la decisión de la Corte Constitucional sobre el código electoral

La Sala Plena del alto tribunal tumbó medidas como la paridad de género, creación de nuevos cargos, el voto electrónico, entre otros

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Elecciones Colombia 2022. Foto: Colprensa-
Elecciones Colombia 2022. Foto: Colprensa- Sergio Acero

Este jueves 21 de abril se conoció que la Corte Constitucional tumbó la reforma al Código Electoral que había propuesto el registrador General, Alexander Vega, y el cual había sido aprobado por el Congreso a finales de 2020. Se escribían las nuevas reglas de juego para las votaciones en Colombia, y una de ellas fue la paridad de género.

Con una votación de seis votos a favor y tres en contra, la Sala Plena del alto tribunal concluyó que se habían presentado vicios de trámite en la aprobación de este nuevo código que establecía nuevas normas para el proceso electoral en el país.

Según el comunicado oficial, “la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, declaró la inconstitucionalidad, por vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso, del proyecto de ley estatutaria número 234 de 2020 Senado, 409 de 2020 Cámara, ‘por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones’″.

Paridad de género

En diciembre de 2020, el Senado de la República había aprobado la paridad de género en la reforma al Código Electoral, la conformación del 50% de mujeres en las listas a asambleas departamentales y concejos municipales.

El Congreso en este año aprobó en código electoral, " la ya mencionada obligatoriedad de paridad a la hora de conformar las listas de aspirantes a cuerpos colegiados. Sin embargo, lo aprobado es una versión ligera de lo que en su momento se intentó introducir a través de la reforma política, la cual incluía no solo la paridad sino también que las listas fueran cerradas y tipo ‘cremallera’ (hombre, mujer, hombre, mujer...), para garantizar de forma efectiva la igualdad de género en materia de competencia política”, mencionó.

En esta aprobación de las listas electorales paritarias, se modificaría para la participación de las mujeres en los niveles decisorios en las diferentes ramas y órganos del poder público en Colombia, que estableció mínimo el 30% con la ley 581 del año 2000 y la ley 1475 de 2011 en los listados de candidaturas.

En su momento, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, calificó esta aprobación como un hito en el empoderamiento político y en el cierre de brechas de género en el país. “Este es un triunfo de las colombianas. Estamos derrotando-con la unión de fuerzas de todo el Estado-, los atisbos de machismo, de discriminación y de exclusión que aún persisten en Colombia, en todos los escenarios sociales”.

Otras medidas que se cayeron

· La reforma del Código creaba más de mil cargos nuevos, entre registradores municipales, delegados y especiales en los 32 departamentos. Así como como las consideraciones de que las actuaciones de la Registraduría con relación al registro civil, la identificación, los procesos electorales y mecanismo de participación ciudadana eran de seguridad y defensa nacional.

Esto fue cuestionado por congresistas al señalar que la Registraduría no tiene funciones de defensa y advirtieron que eso pondría en riesgo el derecho a la información, mientras que la Registraduría decía que esos datos eran valiosos para “la institucionalidad colombiana”.

· Fijaba reglas nuevas sobre el preconteo y los escrutinios, el control a las encuestas. Establecía que, para ser publicada, una encuesta debía pasar por un control previo del Consejo Nacional Electoral, y no posterior como lo hace ahora.

· Sancionados que podían seguir siendo candidatos. Con la reforma, el Consejo Nacional Electoral ya no podía rechazar la inscripción de candidatos que en el pasado hayan sido sancionados con fallos de la Procuraduría o la Contraloría.

· Contemplaba una puerta para el voto electrónico, el monopolio de la biometría. La reforma le abría las puertas al registrador Vega para tener el control total, y a los servicios de asistencia tecnológica para las elecciones.

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