JEP revela que el genocidio de la UP dejó al menos 5.733 víctimas

Este viernes 22 de abril la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que el genocidio perpetrado contra el partido político de izquierda de la Unión Patriótica (UP) dejó un saldo de 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas, en hechos que en su mayoría fueron ejecutados por grupos paramilitares y agentes del Estado.

Así lo estableció la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP a través del auto 75 de 2022, en el que evidenció que la violencia cometida entre 1984 y 2016 contra el colectivo conformado durante los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y la desmovilizada guerrilla de las FARC, dejó un saldo de 5.195 víctimas que hacían parte de la UP y 538 víctimas que no eran militantes del partido de izquierda.

“Con base en este análisis, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal. De hecho, la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas”, señaló la justicia transicional.

A su vez, la sala evidenció que en 32 años de violencia contra los miembros de esta colectividad existió un patrón de violencia sostenida entre 1984 y 2007, la cual fue ejecutada principalmente por agentes estatales en connivencia con grupos paramilitares “quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra la colectividad”, y que se habría presentado especialmente en cinco regiones del país.

Las cinco regiones críticas que fueron priorizadas por la JEP fueron el Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño entre 1985 y 1993; el Ariari Guayabero y piedemonte llanero entre 1985 y 1993 y, entre 1999 y 2006; Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 y 2001; el municipio de Apartadó en Urabá entre abril y diciembre de 1996; y el departamento de Tolima, entre 2003 y 2006; en las que se evidenciaron “contribución sistemática de agentes estatales pertenecientes a unidades operativas de la Fuerza Pública, aun cuando la ejecución material de los crímenes corrió por cuenta de grupos paramilitares”.

“La Sala identificó un conjunto de hechos ilustrativos de la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la UP. Esos hechos no están concentrados en una sola región, sino que ocurrieron mayoritariamente en capitales departamentales durante el primer periodo de victimización”, señaló la justicia transicional.

Dentro de los comparecientes vinculados con el genocidio de la UP se encuentran miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes pertenecerían a la Dirección Nacional, Dirección de Orden Público y de Protección y a las seccionales departamentales de Antioquia y Santander, así como a integrantes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Brigada XX y de las secciones de inteligencia de las Brigadas XIII y XIV del Ejército Nacional.

Por su parte, la JEP señaló que a la fecha en el caso 06, denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”, se han acreditado a 212 víctimas individuales pertenecientes al la colectividad, al Partido Comunista Colombiano (PCC) y al sindicato Sintramienergética, en calidad de sujetos colectivos, y cuenta con más de 150 comparecientes dentro de los que se encuentran 95 de la fuerza pública Ejército; 22 exmiembros del DAS; y 13 miembros de la Policía Nacional. Adicionalmente, 26 comparecientes hacían parte de otros organismos de inteligencia civil y militar.

“La Sala considera que el caso de violencia en contra de militantes de la UP, a diferencia de otros macrocasos, está ‘determinado por el hecho de que la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar’ con un partido político”, concluyó la JEP, en un caso en el que fueron asesinados dos candidatos políticos en unas de las épocas más convulsionadas en Colombia.

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