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El 26 de marzo de 2017 los habitantes de la población de Cajamarca, en el departamento del Tolima, realizaron una consulta popular para apoyar o no los proyectos de minería en esa zona del país. El resultado fue contundente. El 97,9 % de lo votantes se opuso a estos procesos.
A la pregunta de: ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 personas de las 6.296 que votaron dijeron que No, mientras que solo 76 personas dieron un voto afirmativo, con un censo electoral de 16.312 personas habilitadas para votar.
La consulta se basaba principalmente en el proyecto de oro La Colosa, el cual venía adelantando la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti desde 2008 y según su plan de intervención expuesto en su página de internet, se espera de este proyecto “obtener recursos estimados en 28 millones de onzas de oro, lo que le representarían al país en impuestos y regalías proyectadas cerca de 500mil millones de pesos anuales”.
Después de que la ciudadanía de Cajamarca le dijo no a la minería en su territorio a través de la consulta popular, Cortolima profirió las Resoluciones 1646 y 1649 de 2019, mediante las cuales se declara la terminación de las concesiones de aguas otorgadas a AngloGold Ashanti, por lo que tuvieron que suspender sus operaciones en la zona.
Pero la trasnacional no se quedó quieta e interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado en contra Cortolima. Esa decisión del Consejo aún no se conoce y el futuro de esta mina está en el aire.
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Por esa razón, la Fundación para la Defensa de la Madre Tierra, la Corporación Cajamarca Despensa Agrícola e Hídrica, el Consejero de la Cuenca del Río Coello, el Concejo Municipal de Cajamarca y la Alcaldía Municipal, presentaron diferentes documentos de respaldo para sustentar la validez de las resoluciones proferidas por la autoridad ambiental del departamento del Tolima.
Para las organizaciones firmantes, la demanda de AngloGold Ashanti busca desconocer el Acuerdo 003 de 2017 del Concejo Municipal de Cajamarca, mediante el cual se adoptan los resultados de la consulta popular y por otro lado, pretende atacar las decisiones de las autoridades ambientales para la protección ambiental del territorio.
Sin embargo, cinco años después de que el pueblo de Cajamarca prohibió la minería, “la amenaza extractivista se encuentra latente, por eso es imperativo seguir defendiendo la voluntad popular en escenarios de litigio como el que se lleva a cabo actualmente ante el Consejo de Estado”, se puede leer en el comunicado de las organizaciones ambientalistas y sociales.
Los mismos colectivos se refirieron a la medida que debe tomar el Consejo de Estado. “La decisión que adopte el Magistrado sobre este caso es de especial importancia para el respeto de la democracia, pues estas resoluciones fueron emitidas en concordancia con los resultados y respaldando la consulta popular. Además, es una decisión relevante porque sus efectos afectarán el recurso hídrico del territorio”, expresaron.
Finalmente, Elizabeth Muñoz, integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca dijo: “Esta consulta popular se ha convertido en un hito de las luchas socioambientales del país y es un reflejo legítimo de los procesos de defensa territorial que resisten ante la imposición del modelo de desarrollo extractivista que amenaza la integridad del ambiente y los modos de subsistencia campesina”.
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