Imponen medida de aseguramiento al exgobernador de Arauca por irregularidades con el PAE

El Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, después de que la Fiscalía General de la Nación solicitara dicho recurso. El ente investigador obtuvo material probatorio que demostraría que el exfuncionario es el presunto responsable de las irregularidades detectadas en un contrato relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Los hechos se presentaron el pasado 23 de abril de 2020 y tienen que ver con la modificación al contrato de prestación de servicios N°469 de diciembre de 2019, el cual estaba suscrito a la unión temporal ‘Alimentar Arauca’. El objetivo de ese programa era garantizar el servicio de alimentación en los colegios oficiales priorizados.

La Fiscalía explicó que el entonces mandatario acudió a una medida permitida por la emergencia del covid-19. “Cambió el tipo de ración de ‘preparada en sitio’ por ‘preparada en casa’ y fijó la entrega de una canasta básica de alimentos que equivaldría 20 raciones para cada niño, por un valor de $105.800″, dijo la Fiscalía en un comunicado de prensa y señaló que con esa decisión, la Gobernación de Arauca pretendía llegar a 18.036 beneficiarios.

Sin embargo, la entidad cuenta con un material probatorio que “da cuenta de inconsistencias en el trámite y la celebración del contrato de modificación”. Según la investigación, se habrían usado tres cotizaciones para cumplir con un requisito, “pero no existió un estudio de mercado real para definir el costo del componente alimentario”. Por su parte, los peritos contables del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, detectaron un posible sobrecosto por $860′975.373, entre otras posibles anomalías.

Ante eso, un fiscal delegado le imputó al exmandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros ante la Corte Suprema de Justicia.

Es de anotar que Castillo Cisneros se encuentra privado de la libertad desde octubre del año pasado, por presuntamente haber incurrido en el delito de financiación del terrorismo, al entregar contratos a sujetos vinculados al frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Además, en la Procuraduría General de la Nación corre un pliego de cargos en su contra por irregularidades en otros contratos públicos.

Las imputaciones por corrupción

La Fiscalía informó el pasado 2 de marzo que obtuvo nuevas evidencias que involucran a Castillo Cisneros en irregularidades en los procesos de contratación, que habría impulsado durante los periodos en que se desempeñó en el cargo entre 2012 - 2015 y 2020 - 2021.

Según la Procuraduría General de la Nación, Castillo Cisneros ordenó el pago del saldo final del contrato de construcción del coliseo José Eustacio Rivera, en el municipio de Saravena, sin que los trabajos se hubiesen ejecutado en su totalidad durante su administración 2012-2015.

Las últimas pruebas aportadas por el ente investigador indicaron que los contratos N°497 del 9 de octubre de 2013 y el contrato N°362 del 10 de octubre de 2013 — que tenían como objeto la dotación de mobiliario para centros educativos del departamento — contienen cotizaciones falsas y sobre costos. En el primero, el sobrecosto alcanzó los 1.450 millones de pesos; mientras que el segundo superó los $619′000.000 millones.

La Fiscalía anunció en ese momento que imputará al exgobernador cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento y requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

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