HRW denuncia que el Ejército estaría amenazando a los pobladores de Alto Remanso, Putumayo

Este 20 de abril Human Right Watch aseguró que en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo (Putumayo), los miembros de la fuerza pública se han dedicado a amenazar e intimidar a campesinos e indígenas.

Estas presuntas intimidaciones se dan 23 días después de que se conociera del operativo en el que varios civiles, entre los que hay un menor de edad, una autoridad indígena y una mujer embarazada, fueron asesinados, al parecer, por militares que buscaban a alias Bruno, miembro de las disidencias de las Farc.

Según Human Right Watch, se presentará un informe en los próximos días que contará con testimonios de las personas del territorio y de fuentes oficiales.

El organismo de derechos humanos también criticó el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, pues asegura que el documento no presenta conclusiones claras sobre los sucedido en esa comunidad.

Cabe recordar que sobre el desarrollo de la operación llevada a cabo el 28 de marzo, la Defensoría del Pueblo advirtió la obligación de respetar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cuanto a los principios de precaución, distinción y proporcionalidad.

Entre otras cosas, la Defensoría dijo que durante los enfrentamientos se generaron daños a bienes civiles indispensables para la comunidad, y que existe un temor generalizado de represalias por parte de grupos armados que hacen presencia en la zona.

En su momento, Human Rights Watch logró confirmar que al menos cuatro civiles murieron durante el operativo: se trataría de Pablo Panduro Coquinche de 48 años, gobernador indígena del cabildo Bajo Remanso, así como Ana María Sarrias, de 24 años, la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso. Por otro lado, confirmaron que durante el operativo murieron también Oscar Oliva, de 40 años, y Divier Hernández, de 35 años.

Recientemente la CIDH hizo un llamado al Estado colombiano para investigar lo sucedido en la vereda Alto Remanso.

Igualmente, recordó que ante denuncias de violaciones a los derechos humanos, corresponde a la justicia ordinaria conocer de las investigaciones, conforme a los estándares en la materia, y subraya la obligación del Estado respecto a brindar información clara, especialmente, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas durante el operativo militar mencionado.

En ese sentido, el organismo internacional instó a las autoridades correspondientes a continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para “reparar este daño incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”.

Por último, hizo un llamado a Colombia a fortalecer su presencia integral en el territorio y garantizar un diálogo con las organizaciones de los grupos étnico-raciales, comunidades tribales y campesinas del país a los efectos de concertar acciones que garanticen el derecho a la vida y la integridad física de los pueblos étnicos y comunidades campesinas del país.

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