Fallo de La Haya: Colombia está a la expectativa de la decisión del tribunal que podría afectar a los raizales

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tribunal adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuya sede es en la ciudad de La Haya (Países Bajos) está próxima a emitir un fallo sobre dos demandas impuestas por Nicaragua y Colombia. La decisión se conocerá a las tres de la mañana —en hora colombiana— de este jueves 21 de abril.

El pasado 30 de marzo, la Cancillería había informado a través de un comunicado que ya había una fecha para conocer la decisión de la corte, que de todos modos no implicará cambio alguno en los mapas de ninguno de los dos países involucrados en el litigio, como sí sucedió con el emitido el 19 de noviembre de 2012.

En esa oportunidad, Colombia mantuvo la soberanía sobre la tierra firme de San Andrés, Providencia y siete cayos anexos al departamento —Albuquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla—, pero perdió una importante porción de mar ante Nicaragua —solo conservó doce millas náuticas del agua que rodea estos territorios—.

La decisión que tiene pendiente la Corte de la Haya está relacionada con presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe por parte de Colombia, acusadas por el gobierno de Daniel Ortega desde 2013.

Según Nicaragua, la Armada Nacional colombiana sigue operando en aguas del mar Caribe que ya no hacen parte de su jurisdicción. Además, dicen que la emisión del Decreto 1946 de 2013, en el que se establece la Zona Contigua Integral del Archipiélago, el Gobierno de Colombia omite los cambios que debieron ocurrir en el mapa tras el fallo.

Como respuesta a esta demanda, Colombia contrademandó a Nicaragua. Según la Cancillería colombiana, “Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales”.

Además, según Colombia, Nicaragua habría expedido un decreto en su propia legislación que sería contrario al derecho internacional y estaría buscando añadir aún más áreas marinas de las que ya había ganado en el tribunal, en detrimento de Colombia.

Cuando fueron notificados de la fecha del fallo, la Cancillería informó que el equipo jurídico de Colombia guardaría silencio sobre las demandas hasta cuando se hubiera emitido el fallo del tribunal. No obstante, parece que al presidente de la República, Iván Duque Márquez, no le llegó este aviso de marzo pasado. Tampoco le informaron que el fallo que se anunciará este jueves no pretende hacer un cambio de límites.

Durante su visita a Providencia, en la cual entregó algunas obras que estaban retrasadas, el mandatario aseguró que este fallo se aplicaría siempre que se haga un tratado con la nación centroamericana.

“Nuestra Constitución es muy clara, esta define en el artículo 101 que los límites de Colombia solamente son modificables a través de tratados internacionales ratificados por el Congreso. Y algo muy importante, hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el 2014 que también indicaba que primero se reconoce ese eje axial de la territorialidad y que los límites son solo modificables mediante tratados”, aseguró el jefe de Estado.

Para resolver este litigio, la Corte de La Haya citó a varias audiencias orales —presenciales y virtuales— entre el 20 de septiembre y el primero de octubre del año pasado. En representación de Colombia, además de los abogados defensores, hablaron la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el gobernador del departamento de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, la Armada Nacional y el representante de la comunidad raizal Kent Francis James.

El equipo que intervino en defensa de Colombia abogó por los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal —cuyos bancos de peces quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior—, la presunta violación de derechos de Nicaragua hacia Colombia con respecto al mar Caribe, la protección de la soberanía colombiana, la protección del ecosistema marino y la guerra contra las drogas.

Por su parte, se espera que Nicaragua haya mostrado la evidencia que tenga sobre las presuntas violaciones del espacio marítimo en las que Colombia haya incurrido desde la emisión del fallo en noviembre de 2012

La antropóloga María Catalina García, candidata al doctora en Geografía y Desarrollo Internacional de la Universidad de Ámsterdam (Holanda), analizó las implicaciones sociolegales del caso que se está llevando a cabo ante La Haya.

De acuerdo con su investigación, dada a conocer por la Universidad Nacional de Colombia, la cotidianidad en torno al mar del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha cambiado durante el conflicto y ha impactado tanto los medios de vida de las comunidades involucradas como su medioambiente.

“Las consecuencias que han dejado más de dos décadas del conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua se traducen en cambios en las dinámicas espaciales entre las poblaciones del territorio étnico, impactos sobre el sustento económico de los raizales por las implicaciones en la pesca artesanal, así como inconvenientes en la implementación de acciones concretas para preservar el medioambiente marino de la Reserva de la Biósfera Seaflower”, indicaron apartes del estudio.

SEGUIR LEYENDO: