Estado deberá indemnizar a Piedad Córdoba con millonaria suma por ‘chuzadas’, confirmó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El fallo le ordena a la nación ofrecerle disculpas públicas a la excongresista, además de reparar integralmente a miembros de su familia por las interceptaciones.

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Piedad Córdoba aceptó ser investigada por la Comisión de Ética y Garantías del Pacto Histórico. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera
Piedad Córdoba aceptó ser investigada por la Comisión de Ética y Garantías del Pacto Histórico. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

José Elver Muñoz Barrera, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue el ponente que declaró que los hechos denunciados por la entonces congresista Piedad Córdoba, sobre presuntas interceptaciones, realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, si fueron cometidos.

Según el fallo, el DAS había interceptado el teléfono de Córdoba y sus correos electrónicos; así como los de su familia, de manera ilegal. Agrega que, se habían utilizado esas interceptaciones para promover una campaña de desprestigio, estigmatización y persecución política.

“Se probó el daño antijurídico ocasionado a los demandantes, consistente en la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, privacidad, honra y buen nombre, como consecuencia de las interceptaciones ilegales adelantadas en contra de la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, que resultan contrarias a las atribuciones constitucionales y legales que se había otorgado al DAS”,

presenta un apartado de la sentencia, de primera instancia.

Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es claro que el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, realizó requerimientos al Departamento Administrativo de Seguridad, relacionados con interceptaciones realizadas a Piedad Córdoba. También, exigía mantenerlos informados respecto a este “blanco político de gran interés para el Gobierno Nacional”, por ello, “los directores del DAS recopilaban, analizaban y enviaban información al alto gobierno, sin fundamento legal alguno”.

El litigio que se adelanta desde el 2011, tuvo un primer pronunciamiento por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual dictó sentencia condenatoria, de segunda instancia, en contra de los capitanes de la Armada Nacional, Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina; por realizar labores de recopilación de material grabado e inteligencia ilegal, realizadas en contra de la entonces senadora.

El 9 de agosto del mismo año se sentenció a Germán Villalba Chávez y Fabio Duarte Traslaviña por los delitos de: concierto agravado; violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores; además, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en concurso sucesivo y homogéneo.

Entre 2005 y 2008 el DAS, realizó las denominadas operaciones Amazonas y Onix, donde según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, fueron ordenadas por la presidencia de la república,

“se realizaron labores de inteligencia, interceptación y monitoreo de correos electrónicos, registros de celular, reporte de datos financieros e incluso hubo una infiltración al esquema de protección brindado a la excongresista. Todas estas actividades, de acuerdo a lo demostrado tenían un fin ilegítimo y con propósitos prohibidos por la Constitución y la ley, como lo fue el lesionar su honra, integridad y buen nombre y [además] el Departamento Administrativo de la Presidencia solicitó información privilegiada que pudiera poner en tela de juicio la reputación de Piedad, sin existir razones legales y constitucionales para ello”.

Piedad Córdoba, en su cuenta de Twitter, confirmó la condena, donde asegura que: “por chuzaDAS ilegales y campaña de desprestigio en mi contra. Entre otros, el tribunal los obliga a pedir disculpas públicas”. No obstante, el fallo no declara que el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, sea quien deba ofrecer dichas disculpas, petición hecha por la senadora.

El tribunal señala:

“Esta sala no accede a esta petición, como quiera que dentro del expediente no se demostró que el presidente de la república de ese momento, hubiese dado la orden de interceptaciones ilegales y desprestigio a la demandante Piedad Córdoba. (…) Únicamente se demostró que la información recopilada se enviaba al alto Gobierno, por ello, resulta adecuado que sea el director del Departamento Administrativo de la Presidencia quien deba realizar el acto de perdón público”.

Dentro de la reparación, que ordena la sala, debe hacerle a Córdoba, está que el Estado deberá pagarle más de 100 millones de pesos, para la reparación de ella y su familia.

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