En 2001, el gobierno de Nicaragua, liderado por esa época por Arnoldo Alemán, interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ. El tribunal que tiene su sede en La Haya, Países Bajos, es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el cual se encarga de decidir controversias jurídicas entre las naciones.
La CIJ está compuesta por 15 magistrados, los cuales son elegidos por la asamblea general de la ONU y el Consejo de Seguridad, por un periodo de 9 años. Precisamente en el artículo 33 de la Carta de la Naciones Unidas explica los métodos que puede emplear para resolver los problemas entre los países. Son 7 mecanismos los que puede desarrollar: negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial y recursos a organismos o acuerdos regionales.
Entendiendo las competencias de este organismo, a continuación, Infobae presentará una cronología de los hechos que completan 20 años, en un litigio que busca determinar qué país tiene soberanía sobre algunos territorios. Pero, ‘la pelea’ viene de mucho tiempo atrás.
1928
El presidente de Nicaragua, en ese momento, José Bárcenas Meneses, firmó un tratado con el mandatario colombiano, Manuel Esguerra, el 24 de marzo de 1928; el cual pretendía aclarar que nación tenía la soberanía de la Costa de Mosquitos, las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; excluyendo los cayos Quitasueño, Roncador y Serrana. Así quedó establecido, en la ley 93 de 1928, donde el Congreso de Colombia señala:
“La República de Colombia reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos comprendida entre el cabo de Gracias a Dios y el río San Juan, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico, en el Océano Atlántico (Great Corn Island y Litle Corn Island); y la República de Nicaragua reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés. No se consideran incluidos en este Tratado los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana; el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América”.
El denominado Tratado Esguerra - Bárcenas, fue ratificado por los dos países en 1930. Dicho acuerdo se acordó por que Nicaragua demandaba que el archipiélago de San Andrés está ubicado en su plataforma continental, además, la inclusión soberana de estas islas se estableció antes que el país centro americano se constituyera políticamente. Por parte de Colombia, aseguraba que los mismos isleños se acogieron voluntariamente a la constitución en 1822, declarándose así como colombianos.
1982
Luego de que se realizara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocido como Convención de Montego Bay, se determinaron las fronteras marítimas de las naciones. En ese sentido, Colombia delimitó su territorio, el cuál fue avalado por el Departamento de Geografía y Cartografía del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero, Nicaragua desestimó dichos límites, señalando que al momento de firmar el Tratado Esguerra - Barcenas el país estaba invadido por E.E.U.U. Esto, lo señaló en el decreto número 334 con la Junta de Reconstrucción Nacional, donde además señaló que la Isla de San Andrés, Providencia y territorios aledaños eran de la soberanía del país centroamericano. Por lo tanto, el acuerdo de 1928 era nulo.
2001
El 6 de diciembre de ese año, Nicaragua presenta formalmente una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Colombia, donde reclamaba un área marítima de más de 50 mil kilómetros cuadrados, los cuales incluían el archipiélago de San Andrés, los cayos y todo el territorio marítimo que los contiene.
Dicha demanda se sustenta, por un memorial que contempla un alegato jurídico sobre la soberanía de la costa de Mosquitos y sus islas, donde aseguran que, desde 1803 eran los “propietarios” de estos territorios.
También, recalcan que el Tratado Esguerra - Bárcenas fue desestimado en los 80s y contenido en el Libro Blanco, donde aseguran que el acuerdo iba en contra de la Constitución nicaragüense. Por último, aseguró que lo realizado por Colombia con la Convención de Montego Bay, no contempla las fronteras que declaró la nación centro americana.
En este punto, señalaron que tenían pretensiones justificadas bajo los principios generales de la delimitación marítima, pero, estos no fueron tenidos en cuenta durante la delimitación de la Convención reseñada.
2003
A raíz de la demanda presentada por Nicaragua; Colombia presentó ante La Haya sus objeciones preliminares, primero señalando la validez del Tratado Esguerra - Bárcenas, firmado por mutuo acuerdo de ambas naciones; segundo, asegurando que la Corte Internacional de Justicia no es un órgano competente para tratar temas de la soberanía colombiana, menos en lo que compete al dominio de San Andrés y Providencia.
Concluyó que, el pedido de Nicaragua desestimaba todos los tratados y acuerdos internacionales, firmados por ambas naciones, por lo que sus pretensiones era para una discusión que debían tratar de forma bilateral, sin intervención internacional.
2007
Aunque la Corte Internacional de Justicia comenzó con la investigación y valoración de lo señalado por ambos países desde 2004, en el año 2007 La Haya se declara competente para mediar el caso; por lo que además de acogerlo, emitiría un fallo sobre el litigio, que determinaría la soberanía de los territorios en disputa.
Ese año la CIJ falló a favor de Colombia, reconociendo su soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; pero, no se definió la frontera marítima entre ambas naciones.
2010
El 25 de febrero los gobiernos de Costa Rica y Honduras solicitaron intervenir en el proceso, alegando tener intereses por las fronteras que se están disputando.
2012
El 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia sentenció que el fallo que emitiría sería desfavorable para ambas naciones. Reafirmó la soberanía colombiana sobre las Islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Quitasueño, Roncador, Serrana, Serranilla y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Pero, declaró que la frontera marítima sería “dividida por partes iguales”, dejándole a Nicaragua unos 70 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo. Allí mismo delimitó zonas económicas exclusivas y partes que dentro de lo que se considera como nicaragüense, serían soberanas de Colombia, dichas aguas rodean las islas y los cayos que se señalaron en el fallo.
El presidente en ese momento, Juan Manuel Santos, rechazó el fallo de la Corte asegurando:
“Compatriotas, pueden tener la seguridad de que obraremos respetando las normas jurídicas, como ha sido la tradición de nuestro país, pero, también defendiendo con firmeza y determinación los derechos de todos los colombianos”.
2015
Nicaragua luego de celebrar y sentirse “satisfecho” por el fallo de La Haya, decidió revisar las excepciones y señaló su “voluntad de negociación”, para determinar las actividades económicas que los habitantes de las islas podían realizar en las aguas consideradas nicaragüenses, ya que, dichos trabajos se hacen en estas fronteras.
Por parte de Colombia, nuevamente declara que la CIJ no es competente para mediar el caso ni emitir los fallos.
2017
Colombia apela el fallo ante el tribunal, alegando instancias judiciales y desestimaciones legitimadas anteriormente; dichos argumentos son aceptados por la Corte y replicados por Nicaragua un año después.
2022
Hoy la Corte Internacional de Justicia, nuevamente, emite un fallo, tras las denuncias hechas por Nicaragua sobre violaciones a los derechos por parte de Colombia, proferidos por el pronunciamiento de este tribunal en 2012. La Haya reconoce que Colombia si violó dichos derechos, interfiriendo actividades de pesca e investigación científica, además, de impedir el control de la zona por parte del gobierno de la otra nación.
Aunque no se cambiaron los fallos sobre la soberanía de San Andrés y Providencia, tampoco se evidenciaron muchas de las vulneraciones que acusaba Nicaragua, además, señalaron que no pueden tocar a la comunidad raizal, la cual reclama derechos ancestrales, tema que deberá ser tratado de forma bilateral.
También, aseguró que Nicaragua expidió un decreto que va en contra del derecho internacional, referente a la forma en cómo se delimitan las fronteras marítimas, pues esta normativa, se adjudica áreas que son colombianas.
Lo que sigue son audiencias orales que puede convocar La Haya, con el fin de emitir otro fallo el próximo año.
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