Procuraduría revela demoras en financiación de partidos en informe sobre el Estatuto de la Oposición

La procuradora Margarita Cabello detalló los logros y falencias de la Ley 1909 de 2018 durante los primeros cuatro años de su implementación

Guardar
Ante la Cámara de Representantes, la procuradora general Margarita Caballo, presentó el tercer informe de seguimiento a los derechos establecidos en la Ley 1909 de 2018, conocida también como el Estatuto de la Oposición Política. / Procuraduría
Ante la Cámara de Representantes, la procuradora general Margarita Caballo, presentó el tercer informe de seguimiento a los derechos establecidos en la Ley 1909 de 2018, conocida también como el Estatuto de la Oposición Política. / Procuraduría

Ante la Cámara de Representantes, la procuradora General de la Nación, Margarita Caballo, presentó el tercer informe de seguimiento a los derechos establecidos en la Ley 1909 de 2018, conocida también como el Estatuto de la Oposición Política. Un ley estatutaria que establece el “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes”.

El informe presentado en la tarde de este martes tiene como línea de tiempo desde octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. En el inicio de su intervención, la funcionaria hizo un llamado a todas las instituciones involucradas en el estatuto para que, “aseguren las condiciones de respeto a los valores democráticos, para sentar las bases de un proceso de reconciliación y de superación de violencia en todo el país”.

A continuación, reconoció avances en el ejercicio del Estatuto de la Oposición y de las garantías que se vienen presentado desde el Consejo Nacional Electoral, “también planteamos una serie de desafíos que están por cumplirse en virtud de estos cuatros años de implementación”.

Le puede interesar: Viviane Morales le pidió a la Procuraduría que suspenda al registrador Alexánder Vega

Entre las finalidades de dicha ley se propone generar alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno, mediante los instrumentos señalados en el estatuto, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.

La funcionaria resaltó que la reglamentación de la ley 1909 de 2018 es una deuda histórica que se tiene en Colombia. “Debo reconocer que estamos saldando una deuda que está consagrada en la Constitución de 1991. Tenemos la obligación de cumplir con las garantías y avanzar en la ley”, explicó Cabello durante su intervención.

En relación con la financiación a la que tienen derecho los partidos políticos de oposición, “se detectaron demoras en los desembolsos a las organizaciones políticas declaradas en oposición, la Corte Constitucional dijo que la financiación es una garantía”. Durante la vigencia de 2021, dicha financiación ascendió a $3.108.567.102 millones para todos los partidos en oposición.

Le puede interesar: Procuraduría investiga irregularidades en licitación de Fuerzas Militares de más de 7.000 millones

Dentro de las caracterizaciones presentadas en el informe, el Ministerio Público resaltó que a nivel nacional hay 16 partidos políticos, de los cuales seis se declaran en oposición, cinco de Gobierno y otros cinco son independientes. Mientras que nivel regional se identificaron 5.882 partidos o movimientos políticos. De esos, 3.212 se proclaman afines del Gobierno nacional, 2.288 en independencia y 599 se declararon en oposición al mandato de Iván Duque.

Por el lado de las problemáticas encontradas, la procuradora señaló dos como las más importantes; la primera es que las organizaciones políticas con personería jurídica que, aún vencido el plazo, mantienen registros provisionales y la segunda es, que las mismas organizaciones presentaron declaraciones de manera extemporánea o no las presentaron.

También señaló que existe una confusión sobre el acceso al derecho de réplica, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado.

Entre las otras recomendaciones de Cabello, también se le advierte al Consejo Nacional Electoral mejorar la planeación y asignación de recursos, coordinación entre el CNE, RTVC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones para actualizar registros de datos de las entidades.

Este último punto se refiere a la aparición en medios de comunicación: “se necesita que las cadenas públicas tengan actualización de costos y de entrega de recursos para acceso a medios del Estado en la vigencia 2021″, finalizó.

SEGUIR LEYENDO:

Guardar