“Las victimas deben viajar a otro municipio para rendir su testimonio”: nuevas denuncias de irregularidades en el operativo del Ejército en el Putumayo

La operación militar que se llevó a cabo el pasado 28 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, aún deja dudas y se convierte en un caso sin esclarecer. Tanto organizaciones nacionales como internacionales se han opuesto a la diligencia del Estado, pues este ha abanderado el argumento de que el operativo fue legítimo, amparado por la ley y que todos los abatidos eran guerrilleros. En el marco de estos hechos el líder Indígena del pueblo Koreguaje y Coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC, Óscar Daza, denunció que se siguen presentando irregularidades en el desarrollo de la investigación del caso.

Daza señaló que tanto la Fiscalía como el Ejército Nacional hicieron presencia en el lugar de los hechos, pasados cinco días de la operación, el líder asegura que esto pudo permear la escena, no protegiendo las evidencias y catalogándolo como una “imposibilidad fatídica”. Es importante tener en cuenta que la comunidad también había denunciado que se sentía intimidada en el momento en que se estaban recogiendo las evidencias, pues el Ejercito estaba presente en el lugar, teniendo en cuenta que es señalado como uno de los presuntos autores de este lamentable hecho.

De igual forma, el coordinador expone una preocupante situación para el suministro de testimonios a las autoridades, pues según él, la Fiscalía General de la Nación, no ha llevado a sus funcionarios directamente a Puerto Leguízamo, sino, que los instaló en el municipio de Puerto Asís, situación que limita el proceso de investigación teniendo en cuenta que las circunstancias de tiempo y economía, imposibilitan a los testigos para viajar al otro municipio y adelantar el proceso.

Cabe resaltar que, a pesar de encontrarse dentro del mismo departamento, la distancia entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís es amplia, pues no hay una conexión vial que permita un fácil desplazamiento, teniendo en cuenta que, por las condiciones geográficas y diferentes circunstancias, no se ha construido una vía principal en este lugar. Para llegar a de un lado a otro, es necesario hacerlo vía aérea y en muchos casos, haciendo una conexión con Bogotá, mientras que la otra opción, es el desplazamiento fluvial por el rio Putumayo, esta puede tardar hasta tres horas y surca por los límites con Perú y Ecuador.

Los testimonios serán recibidos entre los días 20 y 22 de abril, según explicó Óscar Daza, otro de los factores de preocupación son las condiciones de seguridad que tendrían los denunciantes, que hasta el momento serían nulas. Además, las diligencias estarían siendo llevadas a cabo en Puerto Asís con otras personas que no están vinculadas directamente a los hechos.

Teniendo en cuenta dichas condiciones, el líder Indígena del pueblo Koreguaje, solicita que la Fiscalía haga presencia directa en la vereda Alto Remando, lugar en donde se cometieron los hechos, y sea en este lugar en donde las victimas puedan rendir su testimonio. A su vez, Daza resaltó: “que en el marco de sus obligaciones constitucionales garantice la seguridad de las personas que vayan a rendir testimonio”.

Finalmente, este líder y coordinador de derechos humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), solicita que las víctimas sean atendidas oportunamente y que sus derechos sean garantizados, pues las medidas de seguridad hasta el momento no son claras, a pesar de la gravedad del asunto tratado.

Es importante tener en cuenta que por estos hechos fue citado a debate de control político y moción de censura, el ministro de Defensa Diego Molano, a su vez, también han sido cuestionado distintos funcionarios; entre los que está el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, quien ha justificado el operativo y ha dicho que no es nuevo que este tipo de hecho caigan menores y mujeres en estado de gestación.

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