Casi nueve mil millones de pesos en abogados le ha costado a Colombia el conflicto con Nicaragua en La Haya

Este 21 de abril Colombia se enfrentará nuevamente a la Corte de La Haya por las demandas queNicaragua ha interpuesto por el presunto incumplimiento del fallo que emitió Corte Internacional de Justicia en 2012 respecto a los kilómetros de mar que debía cedérsele al país centroamericano.

Es de resaltar que desde el 2013, Colombia contrató a un equipo de abogados con los que ha enfrentado el proceso internacional. Los honorarios que el país le ha pagado a los profesionales que lideran este caso casi alcanzan los nueve mil millones de pesos.

La dupla que lidera el equipo de defensa gana en promedio 43 millones de pesos mensuales desde 2013, esto serían 8.700 millones en total.

El agente y coagente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya son, respectivamente, Carlos Gustavo Arrieta, exmagistrado del Consejo de Estado y exprocurador General de la Nación y Manuel José Cepeda Espinosa, exmagistrado de la Corte Constitucional, decano de Derecho de la Universidad de los Andes, embajador de Colombia ante la Unesco, consejero presidencial de César Gaviria y Virgilio Barco, y asesor de Juan Manuel Santos en los diálogos con las Farc.

Por una parte, Carlos Gustavo Arrieta ha recibido 4.572 millones de pesos desde el 2013 cuando la Cancillería de Colombia empezó a prepararse para el litigio ante la justicia internacional. De otro lado, el coagente ante La Haya ha facturado 4.197 millones de pesos por participar en este caso.

Es de resaltar que, aunque el equipo de defensa de Colombia ante La Haya está liderado por Arrieta y Cepeda, también hacen parte otros seis abogados especialistas en Derecho Internacional Público.

Los profesionales que se enfrentarán a la justicia internacional en representación de Colombia, han contado con la colaboración de la Armada Nacional de Colombia y otras entidades del orden local y regional, así como de varios miembros de la comunidad Raizal del Archipiélago, quienes desde una perspectiva multidisciplinaria han hecho valiosas contribuciones a la defensa de la Nación.

¿Qué puede pasar con el fallo de La Haya en el litigio entre Colombia y Nicaragua?

Cabe recordar que este litigio, aunque está relacionado con el territorio marítimo que Colombia tuvo que cederle a Nicaragua en 2012, no es para hacer nuevas reparticiones. Por el contrario, la demanda interpuesta por el presidente del país centroamericano, Daniel Ortega, busca que se respete el fallo pues asegura que Colombia continúa invadiendo zonas de los 75.000 kilómetros entregados.

Colombia, por su parte, niega estos incidentes y como prueba de ello sostiene que nunca ha habido decomisos ni incautaciones en esta parte de la frontera marítima. Incluso hizo una contrademanda en la que se advierte: “Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales”.

En Nicaragua, además, se habría expedido un decreto que sería contrario al derecho internacional y estaría buscando añadir aún más áreas marinas de las que ya había ganado en el tribunal, en detrimento de Colombia.

Para poder tomar una decisión la Corte ha escuchado a las dos partes. Por Colombia han intervenido la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el gobernador del departamento de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, la Armada Nacional y el representante de la comunidad raizal, Kent Francis James, la directa afectada debido a que una de las actividades de las que dependen económicamente es la pesca ancestral y esta se vio afectada por lo decidido por la Corte en el 2012. Por su parte, el país centroamericano ha entregado las pruebas que sustentarían su demanda donde mostraría el incumplimiento de la norma y lo dictado por la Corte en el 2012.

Como lo mencionó El Tiempo, la decisión tendrá amplias repercusiones en el próximo gobierno, el cual deberá atender el tema y decidir la estrategia correcta ante este tribunal internacional y frente a Nicaragua. Pues en el caso de Colombia la decisión no solo afecta el tema de la soberanía sino un ingreso económico clave para las comunidades del Archipiélago de San Andrés.

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