La Corte Constitucional estudia la demanda contra la modificación de la ley de garantías, la cual se llevó a cabo por medio de la ley de presupuesto, aprobada por el Congreso de la República.
El alto tribunal, durante la realización del estudio de la demanda, tiene la opción de recibir conceptos de diferentes organizaciones para poder tomar una mejor decisión.
El último concepto que recibió el alto tribunal fue el del Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – en el que la entidad dio aval para los cambios.
Según la agencia, la modificación “habilitó a los entes territoriales para suscribir convenios interadministrativos con la nación, para la ejecución de proyectos asociados a la Ley de Presupuesto del año 2022, solo pudieron ser celebrados, de manera directa, hasta el 29 de enero de 2022, fecha a partir de la cual empezó a regir la restricción de la ley de garantías”.
La Agencia Nacional de Contratación Pública indicó a la Corte Constitucional que, “una vez inició el periodo preelectoral para la elección de Presidente y Vicepresidente comenzaron a ser aplicadas ambas restricciones (…) dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones de presidente y vicepresidente de la república no se podrán celebrar convenios y contratos interadministrativos a través de contratación directa, y solo podrán ser suscritos a través de mecanismos de selección que impliquen convocatoria pública”.
El ente rector en materia de contratación pública para Colombia envió el concepto a pesar de las múltiples críticas que le han llegado a la modificación de la ley de garantías desde distintos sectores políticos.
La campaña de Sergio Fajardo denunció recientemente la falta de garantías para los comicios del 29 de mayo, pues asegura que durante la época electoral que vive Colombia, el presidente Duque celebra convenios interadministrativos.
El exministro Guillermo Rivera, en representación de la campaña de Fajardo, sostuvo que no hay garantías para las elecciones presidenciales.
La responsabilidad de que no existan garantías por cuenta de la modificación de la ley de garantías es del Gobierno que impulsó esa modificación y de las mayorías del Congreso que adoptaron esa modificación, en esas condiciones creemos que no hay garantías.
Por ahora, la Corte Constitucional espera realizar el debate interno sobre las modificaciones a la ley, pues la Procuraduría General de la Nación aún no envía el concepto para que la magistrada Diana Fajardo, ponente del caso, adelante su estudio.
Por su parte, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que todavía está dentro de los términos de ley para entregar el documento al alto tribunal.
Tenemos un tiempo amplio, 30 días hábiles que son casi dos meses y recibimos a finales de marzo las informaciones, estamos casi listos para emitir el concepto. No es cierto que nos estemos demorando y sí es cierto que estamos estudiando lo más rápido posible el tema para entregar el concepto.
Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre el presidente Iván Duque sancionó la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022, a la que en su paso por el Congreso se le agregaron las cuestionadas modificaciones a la ley de garantías, dejando este mecanismo prácticamente inoperable para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
“Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, señaló el jefe de Estado al compartir el documento con su firma
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