Víctimas entregan propuestas de garantías para la no repetición ante la Comisión de la Verdad

Por medio de un documento del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), víctimas del conflicto armado pidieron a la Comisión de la Verdad (CEV) el reconocimiento de cinco hechos que se habrían repetido durante los años de violencia.

El objetivo de la entrega del informe, que se realizara el jueves 21 de abril, “es contribuir a la construcción de un relato amplio y polifónico de la verdad, plantear rutas y acciones para la garantía de no repetición e impunidad y establecer una diferencia entre conflicto armado y violencia sociopolítica”, aseguró el Cajar por medio de un comunicado.

El documento llamado “Cinco mínimos de verdad sobre la criminalidad estatal y su configuración como práctica social genocida cometida en Colombia”, tiene como fin entregar una serie de propuestas para que sean incluidas dentro de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad.

Los cinco hechos a los que hace referencia el documento y los cuales fueron documentados por víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales y decisiones judiciales son:

1) El Estado fue responsable de la prolongación del conflicto armado.

2) Existen doctrinas y mecanismos desde los órganos del Estado que han propiciado la eliminación de amplios sectores críticos y opositores.

3) El paramilitarismo no ha sido un tercer actor sino una estrategia estatal de perpetración del genocidio político.

4) La violencia estatal propició una democracia restringida.

5) La violencia estatal ha tenido un trasfondo económico para favorecer intereses de algunos sectores y perpetuar el modelo vigente.

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Sobre la responsabilidad del Estado en la prolongación del conflicto armado, los colectivos de víctimas recomiendan a la CEV que se reestablezcan las negociaciones con el ELN y otros grupos armados, se garantice la participación política de los movimientos sociales y organizaciones de oposición y se aprueben leyes y normas que sancionen penal y disciplinariamente a personas y servidores públicos que obstruyan u obstaculicen la implementación del Acuerdo Final de Paz, entre otras.

En cuanto a la existencia de doctrinas y mecanismos de represión desde el Estado, el informe recomienda depurar las instituciones del Estado, sus cuerpos de seguridad y aquellos miembros implicados en la comisión de crímenes bajo el derecho internacional, también derogar la Doctrina de Seguridad Nacional y con ella, el concepto del “enemigo interno” y garantizar que las acciones de inteligencia cuenten con verdaderos controles de derechos humanos.

Con base en el reconocimiento de la naturaleza estatal del paramilitarismo, el documento propone a la CEV que recomiende al Estado: reconocer públicamente su responsabilidad en el accionar del paramilitarismo, su génesis y consolidación, prohibir constitucionalmente la conformación, apoyo y financiación de grupos paramilitares por parte del Estado y de empresas nacionales o transnacionales y determinar la responsabilidad de países como Estados Unidos e Israel en la conformación, financiamiento y funcionamiento de grupos paramilitares en Colombia.

En cuanto al modelo político, la democracia restringida y la limitación a la participación política, el informe recomienda a la comisión impulsar acciones que garanticen la participación en los diferentes escenarios políticos y sociales de las mujeres, reconociendo su situación, contexto y particularidades y eliminar los métodos de represión violenta, tanto directa como discursiva y psicológica hacia procesos de movilización social.

Por último, en cuanto al modelo económico, Movice y Cajar exponen en el documento de recomendaciones, diseñar e implementar planes y proyectos a reparar el daño ambiental que ha dejado el accionar de las empresas extractivas en los territorios y finalmente, revisar y ajustar los convenios de cooperación entre empresas, Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.

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