Procuraduría asume la investigación disciplinaria por la masacre ocurrida en Putumayo durante operativo militar

La controvertida operación militar desarrollada en Putumayo en la que murieron 11 civiles ahora será investigada por la Procuraduría General de la Nación. El operativo fue presentado por el Ministerio de Defensa (MinDefensa) como un logro contra el narcotráfico porque los fallecidos eran guerrilleros, pero días después se conoció que realmente se trataba de civiles. Teniendo esto en cuenta, el ente de control tiene la tarea de aclarar los hechos.

La masacre que será investigada ocurrió el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, adscrita al municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). Se conoció que las víctimas estaban en un bazar, cuyo objetivo era recolectar fondos para costear una placa-huella en su barrio, cuando los uniformados los atacaron indiscriminadamente.

Como se mencionó inicialmente, los asesinados fueron presentados como criminales. Sin embargo, días después reporteros de El Espectador, Vorágine y la Revista Cambio crearon una alianza investigativa para recolectar pruebas y testimonios que evidenciaron que el operativo se convirtió en una masacre contra civiles inocentes.

Incluso, organizaciones sociales y la misma comunidad del municipio de Puerto Leguízamo han señalado que se trataría de un homicidio bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales, o comúnmente llamados falsos positivos.

A pesar del material revelado, el Ministerio de Defensa (MinDefensa) sostuvo que la polémica operación fue una acción legítima en contra de un grupo armado al margen de la ley. La cartera de Gobierno aseguró que quienes fueron dados de baja generaban violencia en la población del sur de Colombia y por eso la operación fue planeada desde hace cinco meses antes de dar luz verde a su desarrollo.

“Como ministro de Defensa, siempre atenderemos esas sesiones de control político como nos corresponde en nuestra función, con la certeza de que tenemos en Colombia unas fuerzas militares y una Policía que su principal propósito es combatir a aquellos enemigos del país para garantizar la vida y la tranquilidad en cualquier rincón del territorio”, sostuvo Diego Molano, ministro de Defensa.

A pesar de esto, organizaciones sociales del país e internacionales han pedido que se investigue “con diligencia” el operativo. Además, se deben estudiar hechos relacionados, pues hay denuncias presentadas por activistas que aseguran que varias personas de la comunidad se encuentran desaparecidas.

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó la violencia sistemática contra los pueblos indígenas, comunidades negras, afro, raizales, palenqueras y campesinas en Colombia, confirmó que recibió información sobre una supuesta negativa de asistencia médica requerida por las personas afectadas durante el operativo militar.

Con estas denuncias de violación a los derechos humanos, la Procuraduría aseguró que desplegó una comisión especial dentro del proceso disciplinario y el objetivo de esta es buscar pruebas que verifiquen o nieguen la versión de MinDefensa.

Mientras avanza la investigación, el Congreso también adelantará acciones de control por lo ocurrido. El 26 de abril a las 2:00 p. m. el el ministro Molano será sometido a otro debate de censura. 30 representantes a la Cámara solicitaron a la presidente de la corporación, Jenifer Arias, que llamara al jefe de la cartera de Defensa para que explique lo ocurrido.

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