Departamento de Estado de E.E. U.U. certifica la lucha antinarcóticos de Colombia

Esta certificación era un requisito necesario para el desembolso del 20 por ciento de los recursos que anualmente aprueba Estados Unidos para el país suramericano

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Trabajadores de antinarcóticos fumigan una
Trabajadores de antinarcóticos fumigan una plantación de coca en Tumaco (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Los resultados de la estrategia antinarcóticos implementada por Colombia durante 2021 fue resaltada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que este 19 de abril certificó el proceso a través de una carta enviada al Congreso colombiano. Según el Gobierno norteamericano, las acciones del país suramericano han sido eficaces y estos no van en contra de las disposiciones del Acuerdo de Paz.

“Certifico que el gobierno de Colombia ha venido implementando una estrategia nacional antinarcóticos con el objetivo de reducir los cultivos ilícitos y producción de coca en un 50 por ciento para el año 2023 y que tal estrategia no viola los acuerdos de paz que firmaron que se firmaron en el 2016 entre el gobierno y las Farc”, dice en la carta firmada por Wendy Sherman, subsecretaria de Estado norteamericana.

En el documento se calificaron las acciones lideradas por el Gobierno del presidente Iván Duque como “agresivas”. Destacó que, a pesar de la pandemia del covid-19, que frenó la mayoría de procesos en todo el mundo, la política antinarcóticos del país alcanzó resultados récord en 2020 y 2021.

Así mismo, señaló que esta cumplió con los cinco pilares que se establecieron en la estrategia antinarcóticos de 2018 en los que se incluye el desmantelamiento de organizaciones criminales, la reducción de la demanda de drogas, el combate al lavado de activos y el incremento del pie de fuerza en zonas rurales.

Esa política “agresiva” es la que habría permitido que durante el actual Gobierno, según el Ministerio de Defensa (MinDefensa), se hayan incautado 1.010.616 kilogramos de cocaína, 1.062.932 kilogramos de marihuana y se hayan destruido 8.625 laboratorios de drogas. Además, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se reportó una reducción del 7 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020.

Por el contrario, la capacidad de obtención de cocaína por hectárea se ha incrementado en los últimos años. A pesar de esto, Estados Unidos sigue viendo con buenos ojos las acciones implementadas por Colombia.

En cuanto a no ir en contra del Acuerdo Final de Paz, el Departamento de Estado norteamericano sostuvo su afirmación con base a un análisis publicado por el Instituto Kroc para la Paz Internacional en diciembre del año pasado. Según el centro de pensamiento, la actual administración ha continuado implementando las provisiones sobre drogas ilícitas pactadas en el acuerdo.

Este documento, más allá de la relevancia política que tiene para el país, representa un impulso económico importante, porque esta certificación es requisito necesario para el desembolso del 20 por ciento de los recursos que anualmente aprueba EE. UU. para el país suramericano. En este caso estaba pendiente la entrega de US $38 millones de dólares correspondientes al año fiscal 2021.

Estados Unidos es uno de los países más importantes con los que Colombia mantiene acuerdos de cooperación. Incluso, hay que recordar que en diciembre del año pasado el país norteamericano aprobó su presupuesto en temas de defensa para 2022 y en este se incluyeron alianzas con Colombia para apoyar temas como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En ese presupuesto también se establecieron condiciones para entregar los recursos.

No es nuevo que Estados Unidos le exija a Colombia ciertos compromisos antes de apoyar los programas que se adelantan en el país, pero se destaca que el año pasado, por primera vez, estos comprometen a la fuerza pública. El Estado colombiano deberá probar que está investigando a los uniformados involucrados en presuntos casos de abuso de la fuerza y esto tendrá que ser certificado por el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

“Se deberá certificar que el Estado colombiano está investigando a los policías que ordenaron, dirigieron o usaron fuerza excesiva y otros actos ilegales contra las personas que se manifestaron de manera pacífica en el 2021″, se lee en el proyecto de ley aprobado el año pasado.

Así las cosas, Colombia deberá seguir probando a Estados Unidos que es un aliado digno de confianza. Sumado a las garantías de la fuerza pública, también tendrá que seguir consolidando la política antinarcóticos porque el compromiso es que para finales del 2023 las hectáreas de cultivos ilícitos sembradas en el país bajen a unas 104.000.

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