Piedad Córdoba le pidió a la Fiscalía responder al derecho de petición en el que pide aclarar los procesos en su contra

A través de sus redes sociales, Piedad Córdoba, senadora electa del Pacto Histórico, se refirió a una de las más recientes polémicas en las que se vio envuelto el candidato a la presidencia del país, Gustavo Petro, y al proceso legal que recae sobre ella misma. En sus declaraciones aseguró que a su campaña no entraron dineros provenientes de personas privadas de la libertad, por lo que le pide a la Fiscalía celeridad par resolver su caso.

“Sobre rumores periodísticos que buscan involucrarme en este nuevo entrampamiento, reitero que no he recibido financiación de privados de la libertad para mi campaña electoral. Exijo a la Fiscalía General de la Nación que responda derecho de petición sobre investigaciones y procesos en mi contra”, comentó la política en un hilo de Twitter. Córdoba, en un documento con fecha del 7 de marzo del 2022, le planteó cinco solicitudes a la Fiscalía.

Inicialmente, pidió a esa entidad que le entregara información clara respecto a las investigaciones que se estarían adelantando sobre ella en cualquiera de los despachos de la Fiscalía a lo largo del territorio nacional. Así mismo, exigió que se le reportara si su número telefónico y correo electrónico estaban siendo interceptados. Pidió saber si se ha ordenado por parte de las autoridades un seguimiento en su contra, su familia, o equipo de trabajo. Aseguró que quiere saber si sobre ella y sus allegados recaen han sido objetivo de misiones de trabajo, o si sobre ella hay órdenes judiciales hechas por otros países.

“Solicito lo anteriormente enumerado en aras de ejercer plenamente mis derechos fundamentales, incluido mi derecho a la participación política en riesgo por calumnias e injurias de público conocimiento, así como mi derecho a la defensa y derecho a la contradicción de la prueba contemplados en la legislación Nacional vigente y en los diferentes tratados internacionales que garantizan los derechos fundamentales al debido proceso, el principio de legalidad y mi legítimo derecho a la defensa y a la igualdad”, se lee en la misiva de Córdoba.

El 7 de marzo, día en el que de dio a conocer de su petición a la Fiscalía, dijo que aquel documento era presentado ante esa entidad por la “arremetida de guerra jurídica y linchamiento mediático que buscan afectar triunfo del Pacto Histórico”. “La casuística de las injurias en mi contra se esclarecerán ante autoridades correspondientes”, añadió.

En días pasados, tras la polémica de la visita del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, a la cárcel La Picota de Bogotá, la senadora manifestó su apoyo al aspirante a la presidencia. “Mi solidaridad con Gustavo Petro ante intentos de entrampamientos para arrebatar la victoria del Pacto Histórico. ¿Es coincidencia que, como en los reportajes en mi contra, sea otra vez Ricardo Calderón quien filtre selectivamente información a autoridades para perjudicar a opositores?”, se lee en el perfil de Twitter de la senadora.

En entrevista con la Revista Semana, sin embargo, Juan Fernando Petro aseguró que sí había hablado de ‘perdón social’ en aquel centro penitenciario. “Ellos la habían escuchado ya en las cárceles y me preguntaron qué significaba el concepto de perdón social. Eso fue parte de la conversación y el eje central de la conversación sobre derechos humanos. Y claro, ese es un tema que les interesa, porque las dos palabras están significando una segunda oportunidad, de reconciliación pacífica entre todos los colombianos. De eso se trata el tema, ya lo hablará Gustavo con mayor amplitud”, explicó, en medio de la polémica.

“Ya será la sociedad y si Gustavo llega a la Presidencia quienes analicen y estudien si eso puede ser factible o no. Pero esa fue la propuesta que ellos hicieron, ese fue el planteamiento que ellos hicieron. Ellos querían saber de qué se trata eso del perdón social”, añadió Juan Fernando Petro.

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