En febrero de 2021 estalló un escándalo al interior de la Fiscalía de Cali, que dejó a varios de los funcionarios salpicados. De acuerdo con las investigaciones, los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre estarían relacionados con el narcotraficante Jair Sánchez Hernández, alias ‘Mueble Fino’. Esta denuncia bastó para que fueran acusados de concierto para delinquir, amenazas a testigos, falso testimonio en calidad de determinadores, fraude procesal, prevaricato por omisión y cohecho propio. Sin embargo, pasado más de un año el caso parece no avanzar y las victimas del caso continúan con una alta preocupación.
En las últimas denuncias Silvana Uribe, una de las fiscales que logró hacer público el entramado de corrupción que se estaba dando alrededor de ‘Mueble Fino’ y sus tratos con funcionarios de la institución, explicó que el proceso se ha dado con mucha lentitud y ha tenido muchas trabas en el camino, incluso, que los derechos de las víctimas no han sido reconocidos.
“Lo que ha pasado es que ya algunas decisiones corresponde a los jueces, en ese caso el juez de segunda instancia. Desconozco por qué no se le ha dado celeridad al caso pero si puedo manifestarle que a las víctimas se nos cercenó la participación en la audiencia, de tal manera que mi representante de víctimas, a través de una acción de tutela, tuvo que prácticamente obligar al juez de garantías que nos permitiera ejercer nuestro derechos”, anotó Uribe y agregó que pese a que no sabe de primera mano los criterios, pero denuncia que la Procuraduría ha cambiado de posturas jurídicas en varias ocasiones en esta caso.
Y agregó que, se siente muy revictimizada con todo el caso y el proceso, pues su imagen se vio afectada y la relacionaron en una situación que daño su nombre pese a que se comprobó que todo era falso. Sumado a esto, que se depende de un testigo con dudosa reputación y que existen muchas más pruebas que no han podido ser relacionadas. Sin embargo, espera que se pueda terminar el proceso con un dictamen justo.
Tras las múltiples quejas alrededor del caso, Caracol Radio dio a conocer que la vicefiscal General Marta Janeth Mancera, envió un derecho de petición al juzgado encargado del tema, pues pese a las acusaciones contra los funcionarios, estos siguen trabajando en el despacho de Cali con normalidad, además, de buscar la respuesta con respecto a una pruebas que la defensa pretende deslegitimar y que no han podido ser relacionado con el proceso pues se les ha denegado el acceso.
En este sentido, la jueza, la cual no se da a conocer el nombre por temas de seguridad, respondió anotando varios puntos; en primer lugar, señaló que el deber jurídico menciona que debe dar prioridad a casos de personas tras las rejas y casos que estén cerca a prescribir, en segundo, que su despacho tiene exceso de trabajo y debe sacar un promedio de 7 audiencias diarias por lo que no ha tenido tiempo para revisar al detalle este caso; y la tercer, acusa a los encargados del proceso de no haber entregado el totalidad las pruebas.
“(...) Para emitir una decisión frente a los recursos interpuestos, este Despacho debe valorar la totalidad de elementos materiales probatorios que fueron expuestos por los sujetos procesales, entre esos elementos, se encuentran entrevistas, audios, declaraciones, interceptaciones telefónicas, registros de audiencia, entre otros, los cuales no fueron allegados de manera completa por parte de la Fiscalía a esta instancia”, se lee en la respuesta de la jueza. Sin embargo, contrastando la información la entrega de las pruebas se dio hace unos meses atrás con el resto del expediente.
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