Fiscalía judicializó a 4 presuntos responsables del secuestro de un contratista del PAE en Valle del Cauca

El ente acusador judicializó e imputó cargos contra Jhon Jairo Rojas Castro, David Ocampo Méndez, Angie Valentina Bonilla y Kevin Nabor Paredes, quienes serían los presuntos responsables del secuestro de un hombre de 41 años en Cali, Valle del Cauca, que es contratista del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Estos al retenerlo habían demandado la suma de $2.498 millones por su liberación en lo que, de acuerdo con la Fiscalía, es tipificado el delito de secuestro extorsivo por información clave del PAE en el suroccidente de Colombia.

Informó la Fiscalía que el contratista fue retenido en contra de su voluntad el pasado 25 de marzo, cuando los criminales, haciéndose pasar por propietarios de un granero le exigieron el pago de unas facturas por suministros que supuestamente debía.

Pese a la retención, fueron efectivos del Gaula y el CTI de la Fiscalía quienes lograron la liberación del contratista por el cual pedían $2.498 millones de pesos. Los hechos se presentaron en un apartahotel ubicado en el suroriente de la capital del Valle del Cauca.

En dicho operativo fueron capturados los cuatro procesados, quienes fueron puestos bajo medida de aseguramiento en centro carcelario, excepto Kevin Paredes, quien comparecerá ante la justicia estando en libertad.

Contraloría señala irregularidades en 144 procesos contra el PAE en Colombia

Las denuncias contra la aplicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) han aumentado este 2022, con el regreso a la presencialidad.

Las quejas que se han dado varían pero todas tienen que ver con la calidad de la alimentación que se le esta dando a los menores desde el programa estatal y las cantidades que se les sirven.

Una de las últimas denuncias las dio a conocer la Contraloría General de la República junto con el Ministerio de Educación Nacional: en marzo, las entes de control señalaron que 11 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), de nueve departamentos del país, todavía no habían empezado a implementar el Programa de Alimentación Escolar.

Pues bien, el diario El Tiempo informó que la Contraloría tiene abiertos 144 procesos de responsabilidad fiscal por 42.046 millones de pesos, relacionados con todas las quejas e irregularidades que se han evidenciado en la ejecución del PAE en todo el territorio nacional, especialmente en los siguiente territorios: Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre.

De los 144 proceso abiertos, actualmente 123 ya están en etapa de investigación formal, relacionados con recursos de la nación asignados al programa en 26 departamentos; y que los otros restantes se encuentran en etapa de indagación preliminar en 11 departamentos.

El ente de control estatal logró confirmar todo lo que se estaba rumorando por redes sociales durante los meses de enero y febrero, cuando un equipo de la entidad visitó 150 colegios públicos en los que se ejecuta el PAE: en el ejercicio se pudo corroborar que en el 34 % de la muestra no se estaban realizando entregas del PAE el día de la visita.

Además, se logró evidenciar que se presentan significativas condiciones de deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas. El 16 % de los colegios no cuentan con cocina, el 26 % no tienen un lugar de almacenamiento, el 15 % carecen de comedor y el 22 % no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos.

Para agravar el caso, en algunas instituciones la situación de higiene no es la mejor. Esto ha derivado en que, a la fecha, en 10 colegios, ubicados en Boyacá, Meta, Antioquia y Cundinamarca, se hayan presentado alertas de calidad e inocuidad sanitarias debido a brotes de ETA (enfermedades transmitidas por alimentos) en las raciones de PAE que les produjeron a más de 300 menores dolor abdominal, cefalea, náuseas y vómito.

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