Corte Constitucional estudiará las medidas de protección que cobijan a los líderes sociales de Colombia

Con el objetivo de estudiar las medidas que protegen a los activistas de derechos humanos del país, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública para evaluar la situación. Se indicó que, en especial, se revisarán nueve tutelas interpuestas por 18 ciudadanos que aseguran que el Estado está permitiendo que se vulneren sus derechos. El espacio se realizará desde las 8: 00 a. m. del jueves 28 de abril de forma virtual.

Las entidades del Estado que están bajo la lupa de la Corte son la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior (MinInterior), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa (MinDefensa), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Procuraduría General de la Nación. Según los accionantes, estas dependencias no han cumplido con fallos emitidos previamente que buscaban proteger la vida de los defensores.

Los 18 líderes sociales que interpusieron las tutelas aseguraron que su integridad se está viendo afectada por varios motivos, entre ellos que la UNP no le ha proporcionado a todos el esquema de protección, y otros, aunque el Estado sí les ha brindado el esquema, afirmaron que esto no ha sido suficiente. Señalaron que los planes de seguridad no han sido eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.

Este último señalamiento, a su vez, representa otro problema para los activistas, pues ha afectado la representación de las colectividades y contribuye a la estigmatización sistemática de la cual son víctimas. Señalan que para esta problemática no hay políticas concretas.

Así las cosas, la Corte Constitucional indicó que en la audiencia abarcará cuatro ejes temáticos:

1. La situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos.

2. Las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección la población líder y defensora de derechos humanos.

3. La efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos en Colombia.

4. La garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos acorde con el Acuerdo Final para la Paz.

Para exponer su versión acerca de cada uno de los problemas que inquietan a la Corte, las entidades del Estado que figuran en las demandas y otras como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Hacienda (MinHacienda), la Federación Colombiana de Municipios y la Gobernación del Cauca deberán participar en la audiencia.

Además, los representantes legales de los accionantes y algunas organizaciones de derechos humanos como la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes), la ONG SOMOS Defensores, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Human Rights Watch también están citados. Incluso, el negociador del Acuerdo Final de Paz y congresista electo Humberto de la Calle Lombana, también deberá participar.

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