Al menos 13 detenidos se habrían fugado de una URI en la localidad de Puente Aranda en Bogotá

En la mañana de este lunes se conoció que por lo menos 13 reclusos se habrían fugado de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

En un video de las cámaras de seguridad, difundido por Noticias Caracol, se observa el momento en el cual varios presos suben por una reja y escapan del centro penitenciario. En la grabación queda evidenciado que un policía se acerca al sector en un intento por detener a estas personas, sin embargo, ya la mayoría había logrado evadir las medidas de seguridad.

Los reportes preliminares señalan que los sujetos estaban recluidos en la URI por delitos como homicidio, secuestro, hurto y tráfico de estupefacientes.

Tras informarse sobre la masiva fuga, la Policía Metropolitana emprendió un operativo para capturar nuevamente a estos presos, acordonando la zona e inspeccionando los videos de las cámaras del sector. Hasta el momento no se conocen casos sobre personas lesionadas ni las condiciones bajo las cuales se presentó este escape.

Estos sucesos se producen luego de que la Corte Constitucional ordenara, entre otras medidas, el traslado de presos a diversos centros carcelarios del país para atender el hacinamiento, fallas estructurales, problemas de ventilación y servicios sanitarios. La entidad judicial estudió 9 tutelas y constató que las personas que recién capturadas no pueden ingresar al sistema penitenciario y carcelario, y los procesados son custodiados en lugares no aptos, pues no garantizan una reclusión digna.

Para la Corte, las causas que explican esta situación se debe a varios factores. Uno de ellos es la existencia de vacíos normativos en la distribución de competencias entre autoridades de los distintos niveles territoriales. De igual modo, se presentan altos índices de criminalidad y lo que se consideró una aplicación excesiva y abusiva de la detención preventiva, entre otras cuestiones.

“Tenemos un total de 22.741 privados de la libertad (en centros transitorios), de los cuales 2.643 son condenados. Le he dado la instrucción al general Tito Castellanos (director del Inpec) para sacar a esos condenados a los centros de reclusión el orden nacional”, informó en su momento el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, con respecto al fallo.

En previas oportunidades, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, visitó varias URI en las localidades de Bogotá, como Puente Aranda, Engativá y Kennedy, e instó a la Alcaldía a tomar medidas lo más pronto posible para velar por los derechos de los reclusos. Según precisó el funcionario, algunos centros de detención superaban un hacinamiento del 1.000 %.

“Las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en estos lugares están sometidas a graves vulneraciones a sus derechos, que impiden cualquier asomo de resocialización y generan amenazas a la vida e integridad tanto de los privados de la libertad como de la fuerza pública, que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”, señaló Camargo a finales de marzo.

El defensor precisó que las nueve ciudades con las cifras más altas de hacinamiento en el país en estos centros son: Bucaramanga con 835.6 %; Santa Marta con 590 %; Bogotá con 553.4 %; Cúcuta con 491.4 %; Riohacha con 333.7 %; Medellín con 293.3 %; Cali con 274.3 %; Valledupar con 268 % y Maicao con 208 %.

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