Procuraduría ya tiene en su poder el expediente sobre lo ocurrido en el operativo del Ejército en Putumayo

Continúa abierto el debate respecto la legitimidad del operativo del Ejército Nacional colombiano que se llevó a cabo en el Putumayo el pasado marzo. Mientras que la fuerza pública argumenta que sus acciones se adelantaron bajo entera legalidad, la comunidad, con ayuda de periodistas investigativos, ha denunciado que la maniobra es consecuencia de ejecuciones extrajudiciales. La Procuraduría, que ahora adelanta las investigaciones sobre los hechos, tiene en su poder dos cuadernillos con más de 300 hojas en los que se expone el relato de lo que habría ocurrido aquel día.

Lo que se reportó inicialmente es que el 28 de marzo habían sido abatidas 11 personas pertenecientes a las disidencias de las desaparecidas FARC. Sin embargo, llamó la atención el descubrimiento del cuerpo de un menor de edad dentro de los supuestos guerrilleros y el de una mujer embarazada. Así mismo, destacaron los testimonios de sobrevivientes que argumentaron que no eran guerrilleros de ningún grupo delincuencial.

La muerte de estas personas ocurrió a vereda Alto Remanso, en Puerto Leguizamo, en donde, según la comunidad, se celebraba un bazar. El Ejército Nacional contradijo aquella aclaración y manifestó que en ese lugar no se hacía ninguna fiesta y que, por su parte, se trataba de un lugar en el que se negociaba con estupefacientes. “Las 11 personas pertenecen a la estructura criminal del Gaor 48 (...) era centro de acopio donde estaba negociando pasta base de cocaína”, se argumentó desde la institución.

Las preguntas que trata de responder la Procuraduría, en cabeza de su delegado, Javier Sarmiento, entre otras, están relacionadas a quién atacó a quién primero y si los 11 objetivos estaban previamente identificados. Según esa entidad, aunque fue más de una decena de muertos, tan solo una persona había sido identificada. La Procuraduría pidió que “se informe si por los hechos relacionados la Inspección General de las Fuerzas Militares o alguna unidad militar, realizó la apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria”.

Para ello, se recibió un expediente con la indagación preliminar que abrió el Ejército sobre el polémico operativo al que se ha denunciado de haber sido un falso positivo. El expediente es el 0/19 de 2022.

El general del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro, ha defendido el operativo en múltiples ocasiones, sin embargo, fue en una entrevista con Noticias RCN en la que detalló que fue una acción totalmente justificada en los derechos humanos y en el Derecho Internacional Humanitario. “Una operación planeada y acompañada por una inteligencia dominante, por parte de la inteligencia naval y apoyada por la inteligencia militar, que iba dirigida contra una estructura criminal, el Gaor 48, que se hace llamar ‘Comandos de frontera’”, dijo el alto mando al director de aquel medio de comunicación, José Manuel Acevedo, el pasado 11 de abril.

En esa misma charla destacó que no era la primera vez que en este tipo de operaciones se veían afectados menores de edad o mujeres en estado de gestación. “Estaban en el combate, estaban en la línea de muertos (...) cuando llegan las tropas, el equipo de reconocimiento y vigilancia al punto de seguridad, se pudo observar que hay una reunión cocalera, bazar, cómo le quieras llamar, pero allá estaban negociando coca porque en la madrugada se fue toda la parte de la coca que ya habían negociado y se quedan en el bazar tomando cerveza”.

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