Francisco Barbosa también cuestiona a Gustavo Petro: “El Estado no se maneja con perdones sociales”

Hace días, el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, fue cuestionado al plantear en el debate público la expresión ‘perdón social’. De acuerdo con lo que argumentó, se trataría de una herramienta para garantizar la paz y la reconciliación en el país. A las decenas de críticas que llegaron al político se sumó, recientemente, la de fiscal general, Francisco Barbosa, quien argumentó que esta medida implicaría beneficiar a corruptos que ya han sido condenados judicialmente en el pasado. La opinión del funcionario quedó expuesta en la más reciente columna que hizo para el diario El Tiempo.

“En los últimos días se ha planteado en el marco de una campaña presidencial una cuestionable idea denominada ‘perdón social’ que implicaría beneficiar corruptos que han sido condenados judicialmente. La Fiscalía General rechaza y rechazará cualquier propuesta que surja por fuera de la órbita constitucional e implique una ruptura de la separación de poderes. Parte esencial del sistema democrático es que se conozcan los límites de la Constitución. Incluso, debe entenderse que ideas de ese tenor podrían sustituir la carta política en tanto que ponen en entredicho la autonomía de la Rama Judicial”, inició diciendo en su texto.

De acuerdo con lo que destacó, al país le ha costado mucho luchar en contra de la corrupción, por lo que la propuesta de Petro estaría alejada de las necesidades del país. Para argumentar sus planteamientos, resaltó el trabajo que se ha hecho desde la Fiscalía en los últimos dos años. Bajo su gestión, resalta, se plantearon objetivos específicos que ayudarían a las autoridades a reducir o erradicar este tipo de delitos. Entre las particularidades mencionadas por Barbosa destacan tres ejes: la itinerancia, la articulación y la transversalización.

En cuanto a la primera, dice Barbosa, lo que se ha logrado es gerenciar la entidad a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que ha mejorado las condiciones de la administración de justicia en las 35 direcciones seccionales y los 32 departamentos. Por el otro lado, dijo en su columna de opinión, se logró articular, interna y externamente, las unidades que componen el trabajo del organismo, por ejemplo, la Dijín, Sijín y las Fuerzas Militares. Con esta segunda meta se logró el fortalecimiento de enlaces con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dian, la SAE y las Superintendencias.

Se suma a esto, el objetivo de transversalizar las acciones investigativas. “El ente acusador actuaba de forma aislada, sus estructuras no configuraban un equipo, ni se trabajaba con líneas temáticas cruzadas. Hoy, las unidades trabajan ensambladas, con propósitos comunes, actuando tanto a nivel territorial como nacional”, explicó.

Gracias a su trabajo para combatir la corrupción, dice, se realizaron 4.095 imputaciones y traslados de escritos de acusación frente a 19 delitos priorizados por corrupción. “Logramos 157 imputaciones por corrupción por covid-19. Dentro de las acciones contra los aforados logramos imputar a 35 exgobernadores, 35 alcaldes, 7 gobernadores actuales y varios concejales”, redactó.

Añadió que se había logrado la sentencia condenatoria sobre seis partes involucradas en el caso Odebrecht, y que en menos de 60 días lograron imputaciones en el caso de Centros Poblados. “El Estado no se maneja con perdones sociales. La institucionalidad no se va a mejorar con propuestas que rompan el Estado de derecho y produzcan una desconfiguración del principio de la “seguridad jurídica” derivado de sentencias judiciales dentro de la autonomía de la Rama Judicial. La democracia debe pensarse con principios para mejorar el Estado, no para suprimirlo”, concluyó.

A través de sus redes sociales, y ante las críticas, Gustavo Petro explicó que perdón social no era equivalente a impunidad. “El perdón social es social. Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global (...) es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”, puntualizó.

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