Las mujeres destinan más recursos para ser elegidas que los hombres en Colombia

De acuerdo con el informe de Transparencia por Colombia, en términos comparativos entre hombres y mujeres, estas últimas necesitaron más ingresos en sus campañas electorales: las candidatas aún tienen barreras económicas para el financiamiento político.

En las pasadas elecciones al Congreso de la República se avanzó en la participación de las mujeres: mientras que en el período 2018-2022 representaron el 21 % del Senado, para el próximo periodo serán un 30%. En la Cámara de Representantes, se aumentó del 18 % al 29 %, según resultados preliminares de la Registraduría General del Estado Civil.

Lo anterior representa un avance importante, pero aún insuficiente para que haya paridad de género en el parlamento colombiano, pues persistieron las barreras y asimetrías que impiden una plena equidad de género.

El informe “Acceso a Recursos para la Inclusión de las Mujeres en la Política” reveló que los partidos en 2019 y 2020 no cumplieron con la Ley 1475 de 2011, que obliga destinar un monto de los recursos estatales para formarlas.

Transparencia por Colombia identifica las evidencias o brechas, expuestas a continuación:

1. Los partidos destinan pocos recursos para la inclusión de las mujeres en la política.

2. Los partidos no brindan la suficiente claridad sobre la destinación de los recursos estatales para la inclusión de las mujeres en política que exige la Ley 1475 de 2011.

3. No hay igualdad en el acceso a los recursos para las campañas políticas de las mujeres: las candidatas tienen que invertir más que los hombres para salir elegidas, aunque cuenten con menos recursos.

4. Los partidos y campañas pueden recibir recursos privados, a través de créditos o donaciones. Las mujeres son las menos beneficiadas con esta forma de financiación.

5. Ese mismo comportamiento lo tienen los partidos, que no otorgan créditos y donaciones en equidad entre hombres y mujeres. En ese sentido, las mujeres son las menos favorecidas con dichas ayudas.

Frente al balance de la rendición de cuentas de campañas, se puede afirmar que 575 candidatas han reportado ingresos y/o gastos, de las 1.138 candidatas inscritas, es decir el 50,5 %. También se muestra que las candidatas recibieron el 23,5 % de los ingresos totales reportados por todas las candidaturas, lo que significa que, aunque las mujeres aumentaron su participación como candidatas, aún persiste una brecha en el acceso a los ingresos para la financiación de sus campañas.

Además, se encontró que las campañas de las mujeres se financiaron en su mayoría con donaciones y créditos de los particulares que representaron el 41,7% del total; en segundo lugar, se encuentran los recursos propios y de familiares, con el 37%. Esto contrasta con el bajo porcentaje que recibieron las mujeres por los anticipos estatales, que equivalen apenas al 0,2% de los ingresos totales.

La directora programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, Sandra Martínez explicó que “es un hecho que el patrón de financiamiento de las campañas en Colombia, seas hombre o mujer, se origina casi en un 100% de recursos privados, ya sea del patrimonio o aporte de personas naturales o jurídicas. Aparte están las fuentes que se puedan conseguir con créditos bancarios y lo que se podría recibir de los anticipos. De todas estas fuentes, por ejemplo, los partidos podrían estar destinando recursos para apoyar a las mujeres”

Finalmente, el informe reveló que las mujeres que resultan elegidas incurren en más ingresos y gastos que los hombres elegidos, “en términos comparativos entre hombres y mujeres, estas últimas necesitaron aproximadamente $18.000.000 más ingresos que los hombres elegidos, lo que indicaría que para una mujer también es más costo hacer campaña”.

Ante la persistencia de la situación descrita, se formuló una “Hoja de ruta de acceso a recursos para el financiamiento político de las mujeres”. Este documento incluye una serie de recomendaciones dirigidas a candidatas, autoridades electorales, organizaciones políticas e instituciones del Estado, en aras de superar la desigualdad de género.

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