Juzgado admite tutela y deberá decidir si suspende la delimitación del páramo de Santurbán

En las últimas horas se conoció que el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga admitió la tutela interpuesta por los habitantes de 40 de los municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander, a cuyos habitantes, según el abogado Antonio José Serrano Martínez, se les ha vulnerado su derecho de participación en este proceso.

En la tutela instaurada por el apoderado Serrano Martínez, se solicitó la suspensión de los trámites de licenciamiento ambiental para proyectos mineros en la región de Soto Norte en Santander, lugar donde se encuentra el páramo.

También se argumenta en la tutela que durante las reuniones para concertar la delimitación se han realizado en los últimos meses en municipios como Tona, Vetas y California, en donde han sido convocadas las comunidades, se han presentado inconvenientes porque no han sido tenidos en cuenta todos los sectores.

Es importante aclarar que aunque la admisión de la tutela es un paso fundamental, falta conocer el fallo que pueda dar el mismo juez.

Vale recordar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) archivó la licencia ambiental solicitada por la empresa Minesa para la explotación de oro en la zona de Soto Norte, en inmediaciones del páramo de Santurbán en Santander.

En los últimos meses, la comunidad organizada le ha pedido al Gobierno nacional que avance con el trabajo social, con las mesas de discusión, pero estos mecanismos de participación no caminan por supuestos problemas con la virtualidad.

A esto se suma las denuncias en las cuales la Fundación por el Gran Pacto Social de California le solicitó a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen a la alcaldesa de California (Santander), Genny Gamboa Guerrero, por un presunto sabotaje de la mandataria para bloquear el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán en este municipio.

Además, según el testimonio de Fabio Maldonado, representante de la Fundación por el Gran Pacto Social de California, que recoge también la revista Semana, habrían presuntos actos de boicot de la funcionaria, ya que “la alcaldesa está en la obligación de facilitar, coordinar y apoyar el proceso de delimitación del páramo. Sin embargo, a pesar que nos encontramos en la etapa de concertación, la alcaldesa junto con un equipo de colaboradores, incluido su esposo y algunos funcionarios de la alcaldía y dos concejales, han boicoteado el proceso, es decir están incumpliendo la orden de un juez de la República”, la cual es la T361 de 2017 para la nueva delimitación del páramo de Santurbán.

Ante estas denuncias la alcaldesa contestó que existe una campaña para desprestigiarla y que su único interés es que el proceso de delimitación de Santurbán esté acorde a la realidad ambiental, social y económica del municipio, según sus declaraciones en Blu Radio.

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