La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a la senadora electa Piedad Córdoba a rendir declaración juramentada sobre el magnicidio del exlíder conservador Álvaro Gómez Hurtado el próximo 21 de junio.
Luego de la petición del candidato presidencial por el Movimiento de Salvación y sobrino de Gómez Hurtado, Enrique Gómez, de que la audiencia se produjera después del período electoral, la fecha de la diligencia será días después de la segunda vuelta presidencial (si la hubiera).
Además, la Sala cuestionó fuertemente al candidato presidencial de Salvación Nacional y a Álvaro Gómez, señalando que sus solicitudes de aplazamiento fueros “tardías” y no contribuyen en la búsqueda de la verdad.
Por parte de la senadora Piedad, fue criticada por los magistrados, quienes recalcaron que sus compromisos electorales no son una excusa válida para no presentarse ante la JEP y le exigieron respeto por la justicia.
“Se le debe recordar a la declarante que, como ciudadana, tiene el deber de actuar con respeto de las instituciones de justicia, entre ellas las de justicia transicional”, indicó la JEP.
El tribunal de paz revisó la tutela que interpusieron los familiares del líder conservador, quienes alegaron que se les había vulnerado sus derechos como víctimas porque no se les permitió asistir en vivo y en directo a la primera audiencia que rindió la congresista del Pacto Histórico.
Uno de los argumentos que más peso tuvo en la determinación del tribunal especial fue la calidad de víctimas que tienen los integrantes de la familia del líder conservador. El magistrado Alejandro Ramelli fue quien expuso que debían primar los derechos de las víctimas ante la JEP, postura que apoyaron los juristas Raúl Eduardo Sánchez y Gustavo Salazar. En contra estuvieron María del Pilar Valencia y Reinere Jaramillo.
El documento con el que se pide la suspensión de la audiencia
En un reciente documento presentado por Gómez, se solicitó que se suspendiera la audiencia de Piedad Córdoba hasta que finalice la campaña electoral.
Según indicó el candidato de derecha, el estar presente en las diligencias de Córdoba ante la JEP podrían ser mal visto y traer inconvenientes mediáticos en la próxima contienda del 29 de abril.
“La confluencia de las anteriores condiciones, acaecida con posterioridad a la interposición de la tutela que dio origen a la nueva fecha para la diligencia, sería inapropiada frente en el escenario judicial, podría prestarse a malas interpretaciones o generar atención mediática que no tiene cabida en un procedimiento de esta naturaleza”, señaló en el documento.
También indicó que, debido a los compromisos de la naturaleza de su campaña, no puede disponer de tiempo, señalando que en la audiencia de hoy no podía asistir debido al foro “Tenemos que hablar”. Por lo cual extendió la solicitud para que se suspendan estas audiencias hasta que pasen las contiendas electorales “para que el suscrito pueda actuar en representación de los intereses de la investigación que se surte por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir”.
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