Qué puede pasar con el fallo de La Haya en el litigio entre Colombia y Nicaragua

Hace unos días la Cancillería de Colombia informó a través de un comunicado que ya hay una fecha para conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia, tribunal adscrito a la ONU y con sede en La Haya (Países Bajos), sobre dos demandas impuestas por Nicaragua y Colombia. La decisión será dada a conocer el próximo 21 de abril de 2022.

Esta noticia es importante para las partes pues es una decisión que inmiscuye la importancia de la soberanía y espacios marítimos en el mar Caribe. Esto debido a que, desde 2013, el régimen Daniel Ortega acusa al Estado colombiano de haber violado este derecho, mencionado en los acuerdos firmados en tratados internacionales por ambos países.

Según Nicaragua, la Armada Nacional colombiana sigue operando en aguas del mar Caribe que ya no hacen parte de su jurisdicción. Además, afirma que la emisión del Decreto 1946 de 2013, en el que se establece la Zona Contigua Integral del Archipiélago, el Gobierno de Colombia omite los cambios que debieron ocurrir en el mapa tras el fallo.

Pero Colombia niega estos incidentes y como prueba de ello sostiene que nunca ha habido decomisos ni incautaciones en esta parte de la frontera marítima. Incluso hizo una contrademanda en la que se advierte: “Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales”.

En Nicaragua, además, se habría expedido un decreto que sería contrario al derecho internacional y estaría buscando añadir aún más áreas marinas de las que ya había ganado en el tribunal, en detrimento de Colombia.

En este sentido, hay que hacer una claridad, el fallo no se centrará en hacer modificaciones a los mapas y delimitaciones de los países, porque en el fallo del 2012 ya se había dictado unos limites que señalaban que el archipiélago de San Andrés era de Colombia, al igual que todos los cayos pertenecían a Colombia, incluyendo el de Quitasueño..

Para poder tomar una decisión la Corte ha escuchado a las dos partes. Por Colombia han intervenido la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, el gobernador del departamento de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, la Armada Nacional y el representante de la comunidad raizal, Kent Francis James, la directa afectada debido a que una de las actividades de las que dependen económicamente es la pesca ancestral y esta se vio afectada por lo decidido por la Corte en el 2012. Por su parte, el país centroamericano ha entregado las pruebas que sustentarían su demanda donde mostraría el incumplimiento de la norma y lo dictado por la Corte en el 2012.

Como lo mencionó El Tiempo, la decisión tendrá amplias repercusiones en el próximo gobierno, el cual deberá atender el tema y decidir la estrategia correcta ante este tribunal internacional y frente a Nicaragua. Pues en el caso de Colombia la decisión no solo afecta el tema de la soberanía sino un ingreso económico clave para las comunidades del Archipiélago de San Andrés.

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