Luego de que un grupo de congresistas de la Alianza Verde, la Lista de la Decencia, el Partido Comunes y Partido Liberal, entre otros, radicara una moción de censura ante la Cámara de Representantes por el resultado del operativo militar de Putumayo en el que murieron 11 personas en la vereda El Remanso, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó a la opinión pública estar dispuesto a aceptar los resultados de dicho procedimiento.
El alto funcionario indicó que afrontar dicho control político es uno de sus deberes como funcionario público, por lo cual: “Como ministro de Defensa, siempre atenderemos esas sesiones de control político como nos corresponde en nuestra función, con la certeza de que tenemos en Colombia unas fuerzas militares y una Policía que su principal propósito es combatir a aquellos enemigos del país para garantizar la vida y la tranquilidad en cualquier rincón del territorio”, dijo el ministro en balance de operaciones militares del 13 de abril.
El funcionario mantuvo la línea de argumentación con respecto a la polémica operación llevada a cabo por el Ejército Nacional insistiendo que fue una acción legítima en contra de un grupo armado al margen de la ley y que, además, genera violencia a la población del sur de Colombia.
El jefe de cartera aseguró que la operación fue planeada desde hace cinco meses antes de dar luz verde a su desarrollo.
Molano explicó que la inteligencia de la Armada tenía información sobre la presencia de grupos ilegales en el territorio, que realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico. También señaló que el propósito del operativo era hacer efectiva una orden de captura y en el proceso “se cumplieron con todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario”.
Las afirmaciones del ministro fueron respaldadas por el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, quien aseguró que el operativo trataba de afectar a una red ilegal que venía delinquiendo en la región.
El jefe de cartera detalló que los habitantes de la región estaban siendo afectados por los combates entre el frente 48 y el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Por su parte, el general Óscar Alexander Tovar, jefe jurídico del Ejército, indicó que en la zona del operativo se habían registrado 454 víctimas por minas antipersonal en un periodo de dos años.
La operación en Puerto Leguízamo removió las heridas de los “falsos positivos”, como se conoce al mayor escándalo de las fuerzas militares de Colombia en el que al menos 6.400 civiles fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008.
”Lo que hizo el ejército fue una masacre”, manifestó Argemiro Hernández, padre de una de las víctimas. Según su versión, su hijo era un campesino y líder comunitario que estaba en una fiesta. Sin un mando unificado, los grupos disidentes suman unos 2.500 combatientes, según el centro de estudios independiente Indepaz. una de las organizaciones sociales que ha criticado abiertamente a Molano por los resultados fatales de dicha operación.
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